El derecho a no autoincriminarse en los procedimientos tributarios.

La Constitución Política de la República de Chile, contiene un conjunto de normas que constituyen las bases de a fiscalidad, y que hacen referencia a los elementos esenciales que intervienen en ella, tales como aquellas normas que establecen el marco de desarrollo y ejecución de la Política Fiscal; la de creación de órganos estatales y la atribución de potestades; las que establecen las relaciones y solución de conflictos entre ellos; el reconocimiento de derechos y garantías constitucionales de los contribuyentes, etc. Todas ellas, pero especialmente este último tipo de normas, determinan las relaciones entre el contribuyente -ciudadano- y el Estado -dentro de un marco de Estado de Derecho- (Masbernat Muñoz, 2002).

En ese marco, resulta importante establecer previamente algunas delimitaciones conceptuales que permitirán un correcto análisis de la institución en estudio, tendiendo siempre presente que la Constitución Política ontológicamente constituye un todo y, por tanto, su interpretación debe ser efectuada en el marco de un corpus constitucional (Zúñiga Urbina, 1992, pág. 291).

La potestad tributaria del Estado, desde el punto de vista de autores como Aste (2002, pág. 13) o Berliri (1964), comprende las funciones normativa, administrativa y jurisdiccional, para cuyo ejercicio el Estado tiene facultades de legislación, de reglamentación, de aplicación, de jurisdicción y de ejecución que ejercen las funciones legislativa, ejecutiva y judicial según la competencia que les confieren la Constitución Política y las leyes.