El reconocimiento de los matrimonios celebrados el extranjero por el derecho chileno: un examen a 20 años de la Ley N°19.947.

La promulgación de la Ley N°19.947 (“LMC”) se produjo en un contexto en que ya se avizoraba la cada vez mayor importancia práctica que tendría el reconocimiento de los matrimonios celebrados en el extranjero por parte del ordenamiento jurídico chileno y sus efectos prácticos. Esto se explica no sólo por la necesaria interpretación de la normativa internacional en materia de familia de una manera acorde con los estándares de protección afirmados en las convenciones internacionales de derechos humanos –cuestión que, en último término, responde a la incorporación de nuestro país al medio internacional–, sino también por las nuevas realidades familiares que se generan como consecuencia de los flujos migratorios y de la cada vez más habitual realidad que se produce cuando los cónyuges, aun después de su matrimonio, mantienen vínculos jurídicamente con más de un ordenamiento jurídico. Sin embargo, la respuesta que proporcionó nuestro legislador a este desafío resultó insuficiente.

En efecto, más allá de las prevenciones que en particular adoptó el legislador chileno para impedir el reconocimiento de los matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados en el extranjero –las cuales, en último término, eran innecesarias, atendida la definición de matrimonio que se contemplaba en el artículo 102 del Código Civil (“CC”) y su proyección como regla de calificación en materia internacional– puede afirmarse que la aproximación marcadamente territorialista que siguió la LMC en ciertas materias fue un retroceso, incluso comparada con la normativa nacional previa a la reforma. En la práctica lo anterior se ha visto agravado, debido a la extensión con que se interpretan ciertas reglas administrativas relativas a la prueba del matrimonio celebrado en el extranjero. Con todo, se puede advertir en el último tiempo el desarrollo de una jurisprudencia mucho más acorde con los principios que deben inspirar las soluciones internacionales en sede de exéquatur. Este último tema será abordado en una próxima columna.

La LMC en sus disposiciones internacionales establece un amplio margen de aplicación de la ley chilena. De esta forma, independiente de la nacionalidad de los contrayentes o del lugar donde éstos tengan su residencia habitual, las únicas autoridades ante quienes se puede celebrar un matrimonio dentro del territorio de la República de Chile son aquellas reconocidas por la LMC. Así, en aquel caso en que un derecho extranjero autorice a sus nacionales la celebración de matrimonios ante sus autoridades consulares, dicho matrimonio será claudicante para el ordenamiento jurídico chileno y se le privará de todo efecto. Como bien se puede advertir, con lo anterior se puede dar una situación particular, pues los miembros de la pareja en cuestión tendrán el estado civil de cónyuges de conformidad con la normativa extranjera, pero seguirán estando solteros de acuerdo con la ley chilena. Por su parte, el artículo 81 de la LMC considera estrictamente este elemento territorial para definir los efectos del matrimonio celebrado en Chile, pues los somete a la ley nacional “aunque los contrayentes sean extranjeros y no residan en Chile.” Como bien se puede advertir, esta regla establecería una conexión fija entre los efectos del matrimonio y el ordenamiento jurídico, que en principio no admitiría cambios por circunstancias sobrevinientes.