Haití: la incógnita que se abre.

Ha muerto el ex dictador Jean Claude Duvalier, Baby-Doc, quien gobernó Haití entre 1971 y 1986, año en que una revuelta lo obligó a exiliarse a Francia. Durante su permanencia en el poder no hizo sino seguir la línea de su padre, Francois Papa-Doc, quien se autodenominó “presidente vitalicio” de Haití y gobernó dicho país desde 1957 con el respaldo de EEUU. A ambos –padre e hijo- se les atribuyen desfalcos y crímenes de lesa humanidad. Lamentablemente los procesos judiciales contra Duvalier hijo que enfrentaron a tantas dificultades para avanzar, quedarán en suspenso y con ello sin aclarar múltiples violaciones a los derechos humanos y casos de corrupción. Con la muerte de Duvalier se abren nuevas interrogantes sobre el futuro de la nación caribeña. Desde luego, el regreso del duvalierismo es una amenaza latente en un país en el que la intervención de las Naciones Unidas poco o nada ha significado en estabilidad institucional y desarrollo económico y social.

La comunidad internacional ve con preocupación la influencia del hijo de Baby-Doc, Nicolás, como consejero del gabinete del actual presidente Michel Martelly. Adicionalmente, este mes, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas deberá emitir una resolución, probablemente extendiendo, una vez más, la operación de paz en Haití. Se trata de una coyuntura compleja pues tras 10 años desde su instalación, la MINUSTAH (Misión de Estabilización de las Naciones Unidas para Haití), no ha logrado ni de lejos los objetivos pretendidos y a estas alturas carece de justificación y de legitimidad. Días atrás, la Presidenta Bachelet manifestó al Secretario General de la ONU la intención de acordar el retiro de los 400 efectivos militares chilenos en coordinación con los demás países latinoamericanos combinando la reducción de las tropas, con la necesaria estabilidad política. No cabe duda: la misión chilena en Haití fue una decisión correcta en su inicio y posicionó a Chile muy bien en el ámbito multilateral, pero la decisión de retirar las tropas se impone en la actualidad como una exigencia de coherencia desde la perspectiva del derecho internacional.

La MINUSTAH fue una medida de emergencia ante un país azotado por la violencia, la inestabilidad política y la miseria, tras los fallidos gobiernos de Jean Bertrand Aristide, cuyos mandatos fueron interrumpidos por revueltas populares y la intervención de los Estados Unidos. Fue entonces que, a pedido del representante de Haití en las Naciones Unidas y bajo la presidencia interina de Boniface Alexandre, primero llegaron las tropas estadounidenses y, cuatro meses después los “cascos azules”, bajo el amparo de la Resolución 1542 de abril de 2004, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La Misión fue concebida como una Operación para el Mantenimiento de la Paz cuyos objetivos eran principalmente asegurar la finalización de las hostilidades entre los beligerantes, proteger a la población civil, promover el dialogo político y el fortalecimiento institucional del Estado. El diagnóstico, diez años después, no es alentador: el país exhibe una inestabilidad crónica y una extendida deslegitimación de los poderes establecidos, agravada por la corrupción al interior del aparato judicial. Ello, sumado a la incapacidad del Estado de ser el único poder de represión legal, hace que la estructura misma del Estado, la autoridad y el orden político se encuentran debilitados en sus cimientos.