Deficiencias en justicia militar
Justicia Militar: abogados de un solo cliente.
Conforme al procedimiento penal militar, los fiscales y los jueces tienen un grado militar superior a los inculpados, lo que de suyo es coercitivo para los inculpados; la declaración indagatoria del inculpado es sin la asistencia de abogado defensor y sin que se le indiquen los derechos que le asisten; el sumario es secreto; no existe la presunción de inocencia; la prisión preventiva se realiza en cárceles especiales o en los casinos de oficiales, dependiendo del prejuicio; los afectados por el delito, porque las víctimas no existen, no tienen derecho a querellarse; y la acción civil se reduce

Si bien es cierto que los tribunales militares, en tiempo de paz, forman parte del Poder Judicial, su existencia encuentra su fundamento en la disciplina militar, en los tribunales militares en tiempo de guerra y en la preparación para la guerra; y tanto es así que, el artículo 2 se refiere, «a las facultades disciplinarias que las leyes y reglamentos militares confieren a los superiores sobre sus inferiores», y los reglamentos de disciplina de las fuerzas armadas y el de Carabineros se derivan del artículo 431, ambos del Código de Justicia Militar. Se señala lo anterior, porque, la disciplina militar no es aplicable a los civiles, aún en la eventualidad de que agredan a militares.
¿Quiénes son los militares?
A diferencia de lo que entendemos en nuestro lenguaje cotidiano, los militares no son tan solo los soldados y los oficiales del Ejército, sino que también sus pares en la Armada y en la Fuerza Aérea. Todas estas personas se enmarcan en lo que identificamos como los militares propiamente tales, porque se incorporaron a las fuerzas armadas, a través de las escuelas matrices institucionales, donde adquirieron la profesión militar, y por ello visten uniforme militar, tienen grados militares, ejercen funciones militares y están sujetos a la disciplina militar. Pero si hablamos de justicia militar, a los militares propiamente tales, se incorporan otros conjuntos de personas, que son militares para los efectos de la justicia militar, y que son identificados, por comprensión, en el artículo 6 del Código de Justicia Militar. Entre ellos, destacamos al personal de la tropa profesional, a los Carabineros, a los conscriptos, a los empleados civiles de las fuerzas armadas y de Carabineros, a los alumnos de las escuelas matrices de las fuerzas armadas y de Carabineros, a las personas que siguen a las fuerzas armadas en estado de guerra y a los prisioneros de guerra. Estas personas, son las que pueden ser procesadas por la justicia militar, cuando cometen alguno de los delitos militares, tipificados en el Código de Justicia Militar o en leyes especiales, o delitos comunes, al interior del cuartel militar o en actos del servicio o con ocasión de este. Importante es puntualizar que, para el efecto de determinar la competencia de los tribunales militares, la calidad de militar debe poseerse al momento de la comisión del delito, porque la condición de militar es transitoria y se ejerce para un solo empleador.
Comentarios (1)
Manuel Gonzalez La descripción de la justicia militar en Chile revela un sistema que carece de principios fundamentales del debido proceso, como la imparcialidad, la presunción de inocencia e incluso en transparencia. La integración de jueces sin carrera judicial, el carácter inquisitorio del procedimiento (aún bajo el antiguo sistema procesal penal) y la falta de garantías básicas para el inculpado reflejan una estructura que responde a la disciplina y prioriza el castigo por encima de la verdadera justicia, entendida como la búsqueda imparcial de la verdad, para recién dilucidar. Este modelo no solo perpetúa la inequidad, sino que plantea una pregunta crucial: ¿Estará dispuesto el aparato militar a internalizar las recomendaciones del CIDH, que busca proteger los derechos humanos y garantizar la independencia judicial, aun si esto implica reducir su influencia sobre el resultado de los procesos judiciales?





