Humberto Palamara

La detención de seis militares chilenos vinculados al narcotráfico en la frontera norte vuelve a encender las alarmas sobre la infiltración del crimen organizado en instituciones armadas, y plantea serios cuestionamientos sobre los mecanismos de control, inteligencia y supervisión civil en tareas de seguridad nacional.

Las declaraciones del almirante Juan Andrés De la Maza en su entrevista de despedida reabren el debate sobre los límites del rol de las Fuerzas Armadas en el contexto político. Sus palabras sobre la prolongación del estado de excepción en la Macrozona Sur generaron críticas desde el gobierno y la oposición, acusándolo de deliberar. Sin embargo, el fondo de sus dichos pone en evidencia el desgaste institucional y las condiciones precarias en que operan los efectivos desplegados, abriendo una reflexión sobre el uso prolongado de una medida que, por definición constitucional, debería ser excepcio

La repetición de robos a cuarteles militares en la Región de Valparaíso revela una preocupante vulnerabilidad en la defensa de instalaciones estratégicas. Las restricciones impuestas a los centinelas en el uso de sus armas no solo comprometen su seguridad, sino también la integridad del aparato estatal que están llamados a proteger.

En el recurso de apelación presentado por el suboficial recurrente, este reconoce la atribución legal de la Junta de Selección de Gente de Mar 2023, para haberle rebajado sus notas de calificación, pero no así, de hacerlo sin expresar las causas por las cuales se le rebajaron sus notas, pese a que en conformidad al artículo 41 de la Ley 19.880, al igual que cualquier otro afectado por un acto administrativo, tenía derecho a conocer los hechos y los fundamentos de derecho de esa rebaja.

Conforme al procedimiento penal militar, los fiscales y los jueces tienen un grado militar superior a los inculpados, lo que de suyo es coercitivo para los inculpados; la declaración indagatoria del inculpado es sin la asistencia de abogado defensor y sin que se le indiquen los derechos que le asisten; el sumario es secreto; no existe la presunción de inocencia; la prisión preventiva se realiza en cárceles especiales o en los casinos de oficiales, dependiendo del prejuicio; los afectados por el delito, porque las víctimas no existen, no tienen derecho a querellarse; y la acción civil se reduce