Cuando el propósito es prevenir una acción de violencia extrema, tal como lo es la muerte de un Carabinero de Chile en ejercicio de sus funciones, el foco debe estar puesto en la detección temprana y en la aplicación de la normativa vigente. Se hace necesario el tener conocimiento y preparación para detectar señales previas que nos indiquen la posibilidad de un ataque eventual, para lo cual es necesario no perder la racionalidad y elegir la decisión correcta, mas no la que resulta más fácil.

En un contexto de alta criminalidad e impacto dentro de la comunidad de un hecho de tal envergadura como el ocurrido, es que en el último tiempo es normal recurrir al populismo penal como respuesta. Esta estrategia resulta atractiva para algunos sectores de la población debido a la sensación inmediata de seguridad que proporciona y por el gran nivel de notoriedad que conlleva. Sin embargo, si bien es significativo destacar los resultados positivos obtenidos en términos de control y disuasión, no hay certeza acerca del impacto real que dichas medidas tienen sobre los patrones delictivos.

En ese sentido, lo cierto es que endurecer las penas en este tipo de siniestros no es la solución, pues que aquello suceda no es nuevo dentro de ningún ordenamiento jurídico, a lo cual, en nuestro país, el Código de Justicia Militar se hace cargo. El artículo 416 de dicho cuerpo legal es la norma que se aplica respecto a la pena en caso de acabar con la vida de un funcionario mientras desempeña su cargo, indicando: “El que matare a un carabinero que se encontrare en el ejercicio de sus funciones será castigado con la pena de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado.»

Como se indica, la pena aplicada es la de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado, lo que quiere decir que ya se está contemplando en estos casos la pena más alta incorporada en nuestro ordenamiento jurídico. Es por ello que, crear una ley que endurezca la sanción no cambia nada, más que entregar una falsa sensación de que se están haciendo bien las cosas.

De esta forma, lo mejor que se puede hacer es invertir los esfuerzos en la fiscalización de la aplicación de la norma en la práctica, pero sobre todo es necesario concentrar el foco en la prevención. Un entrenamiento específico para manejar situaciones de crisis, por ejemplo, puede resultar crucial en muchos sentidos. Se trata de herramientas prácticas para lidiar con las circunstancias y diferentes métodos que permitan identificar comportamientos violentos antes de que éstos sucedan y establecer planes concretos y medidas preventivas adecuadas.

Desde un ámbito social, hay diversas acciones encaminadas a promover la prevención por sobre el impulso, tales como programas educativos dirigidos a jóvenes adultos con el fin de fomentar patrones saludables en sus relaciones interpersonales; o trabajo conjunto entre organismos públicos e instituciones sociales destinado a generar conciencia sobre los riesgos de situaciones que involucran violencia ejercida contra cualquier miembro de la sociedad.

Por tanto, es necesario repensar nuestra estrategia y entender que el populismo penal no proporciona un enfoque exitoso respecto a la prevención eficaz del crimen. Por otra parte, está ampliamente comprobado que lo más conveniente para minimizar y reducir los casos de violencia extrema es fortalecer programas focalizados en aquellos grupos socialmente vulnerables e implementar controles regulatorios razonables capaces de modificar las creencias abnegadas hacia aquella.

Por último, y si lo que se pretende de todas formas para prevenir la materialización de este delito es endurecer la reacción del Estado frente a estos injustos, el papel no servirá de nada. Para lograr aquello, es necesario conocer a fondo la legislación vigente para poder hacerla aplicar debidamente. Es así como solo en conjunción de aplicar la normativa vigente y escudriñando en una detección temprana es que verdaderamente prevenimos que estas circunstancias vuelvan a materializarse. (Santiago, 1 abril 2023)