¿No se puede pero se debe? (a propósito de la realización de un test de drogas en la Cámara de Diputadas y Diputados).

En un reciente dictamen de la Contraloría General de la República, N° 7.156 de 2020, dicho órgano señalo que emitió un pronunciamiento con relación a la posibilidad de extender el examen de consumo de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales a aquellos agentes que desempeñan funciones directas con niños, niñas y adolescentes en una municipal.

Sobre el particular, y siguiendo lo previsto en el inciso primero, del artículo 55 bis, de la ley N° 18.575 indicó que “No podrá desempeñar las funciones de Subsecretario, jefe superior de servicio ni directivo superior de un órgano u organismo de la Administración del Estado, hasta el grado de jefe de división o su equivalente, el que tuviere dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales, a menos que justifique su consumo por un tratamiento médico”. Aduce, además que de acuerdo con el inciso tercero, del artículo 61, del aludido texto legal, “Corresponderá a la autoridad superior de cada órgano u organismo de la Administración del Estado prevenir el consumo indebido de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas, de acuerdo con las normas contenidas en el reglamento”, agregando su inciso cuarto, que el reglamento a que se refiere el inciso anterior “contendrá, además, un procedimiento de control de consumo aplicable a las personas a que se refiere el artículo 55 bis. Dicho procedimiento de control comprenderá a todos los integrantes de un grupo o sector de funcionarios que se determinará en forma aleatoria; se aplicará en forma reservada y resguardará la dignidad e intimidad de ellos”.

Agrega a su turno que de acuerdo con el inciso primero del artículo undécimo del decreto N° 1.215, de 2006, del actual Ministerio del Interior y Seguridad Pública -que aprobó el antedicho reglamento-, prevé que “Deberán someterse a control de consumo de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales los Subsecretarios, los jefes superiores de servicio, los directivos superiores de los órganos u organismos de la Administración del Estado, hasta el grado de Jefe de División o su equivalente”. Añade su artículo décimo octavo, que los anotados controles deberán ser aleatorios, imprevistos y de carácter reservado. Añade que de la jurisprudencia administrativa de dicho Organismo de Fiscalización, contenida en el dictamen N° 46.049, de 2016, quienes deben someterse a los exámenes en cuestión son los directivos superiores del respectivo organismo hasta el grado de jefe de división o su equivalente, esa expresión debe entenderse referida, en el ámbito municipal, a los directores y sus equivalentes.