Paridad de género forzada.

La paridad de género, entendida como una manifestación de la equidad, es una aspiración muy razonable que deseamos se plasme en nuestra sociedad como una realidad permanente. Sin embargo, es deseable que ella se produzca como resultado de un cambio cultural que reconoce la capacidad de la mujer de hoy para asumir todo tipo de funciones y responsabilidades. Por el contario, no es conveniente, ni aceptable se genere a través de medidas coercitivas o políticas impositivas que la llevan a extremos absurdos o que violentan la libertad de elegir y tomar decisiones sobre lo suyo propio a ciudadanos y entidades del sector privado. Tampoco es conveniente se imponga a los Poderes del Estado.

Así, por ejemplo, es un absurdo y un abuso intentar provocar forzadamente la paridad de género en órganos de representación popular elegidos por los ciudadanos, como ocurrió en la elección de constituyentes en que no se respetó la voluntad popular, torciendo los resultados, para provocar forzadamente dicha paridad, de modo que resultaron elegidos quienes no lo fueron y marginados quienes sí lo fueron. Adviértase, que ahora la Convención quiere fijar, en el nuevo texto constitucional que se redacta, dicha paridad forzada para la elección de diputados y senadores, sin mostrar respeto alguno por los resultados electorales reales que reflejan la verdadera voluntad ciudadana.

Otro ejemplo que ilustra el absurdo al que puede llegarse en esta materia, es la proposición de varios constituyentes de imponer dicha paridad en la composición del Poder Judicial, lo que trae aparejado el riesgo que jueces y ministros resulten nombrados sin el mérito suficiente y sólo en razón de su sexo, desplazando a otros que sí tiene los méritos requeridos para su nombramiento.