En la columna pasada, a propósito de la publicación del libro “Elecciones Bajo La Lupa. Informes de las misiones internacionales de Observación Electoral sobre las Elecciones Generales 2021 en el Perú”, presentamos las recomendaciones formuladas en el Informe Final de la Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre las Elecciones Generales 2021 en el Perú (EG 2021), con el objeto de continuar fortaleciendo el sistema y los procesos electorales en nuestro país.
Las recomendaciones a las que hicimos referencia versaron sobre las siguientes materias: padrón electoral, integración de mesas de votación, tecnología electoral, normativa electoral, exclusión de candidaturas y acceso a la justicia.
En esta oportunidad los tópicos abordados son los siguientes: financiamiento político, paridad y alternancia, violencia política por razón de género, el ejercicio del voto de las mujeres trans, participación política de pueblos indígenas y afrodescendientes; y voto en el extranjero.
Financiamiento político
Sobre este punto, la Misión con el afán de continuar fortaleciendo la equidad y transparencia de la competencia electoral recomendó lo siguiente (página 139):
– Extender el financiamiento público para dar cobertura a otras actividades de campaña electoral más allá de la publicidad en medios de comunicación
– Establecer criterios más específicos para la distribución del financiamiento público indirecto al interior de los partidos o, en su defecto, reservar un porcentaje de las franjas para los candidatos a cuerpos colegiados.
– Establecer límites a los gastos de campaña de cada candidatura, con el fin de reducir los gastos de las mismas y evitar posibles inequidades en la contienda.
– Avanzar hacia un modelo de reporte en tiempo real de los ingresos y gastos de las campañas, a manera de facilitar el control de la información por parte de la autoridad electoral y de la ciudadanía.
Paridad y alternancia
Sobre este punto, la Misión en aras de transitar hacia una paridad efectiva en el acceso a los cargos recomendó lo siguiente (141):
– Incorporar la paridad horizontal a la legislación vigente, a manera de asegurar que la mitad de las listas sean encabezadas por mujeres.
– Velar porque no se introduzca nuevamente en el marco jurídico el voto preferencial, que quita efectividad a la normativa paritaria.
Violencia política por razón de género
Sobre este punto, la Misión celebró la aprobación de la Ley 31155, la misma que previene y sanciona el acoso contra las mujeres en la vida política. Advierte, sin embargo, que todavía queda pendiente su reglamentación y que distintas entrevistadas señalaron la necesidad de que la normativa contemple sanciones con mayores electos disuasorios (página 142). Dicho ello recomendó lo siguiente (página 143):
– Que las instancias electorales, el Ministerio de la Mujer, las organizaciones sociales y los mismos partidos políticos realicen campañas de información para concientizar sobre el acoso político, para que las mujeres puedan identificar cuando son víctimas de este flagelo y para que conozcan las rutas y mecanismos para denunciar.
– Revisar las sanciones previstas en la normativa para la prevención y sanción del acoso, y profundizar en otros aspectos de la misma, especialmente en cuanto al acoso político en redes sociales.
El ejercicio del voto de las mujeres trans
Sobre este punto, la Misión destacó la elaboración por parte de la ONPE del “Protocolo para garantizar el derecho al voto de las personas trans en la jornada electoral “, aprobado el 8 de marzo de 2021. Este documento, subraya la Misión, incorporó una serie de medidas que buscaron garantizar el ejercicio del voto libre y secreto de la ciudadanía trans, en igualdad de condiciones y libre de discriminación (página 144).
Al respecto, la Misión recomendó promover el reconocimiento de la identidad TRANS para que las personas que se identifican como tales puedan ejercer sus derechos políticos en igualdad de condiciones. Se sugiere, además, continuar desarrollando campañas masivas de sensibilización y concientización para la población en general sobre la inclusión y el respeto de todas las identidades.
Participación política de pueblos indígenas y afrodescendientes
Sobre este punto, la Misión señala que el marco jurídico vigente no contempla ningún tipo de acción afirmativa que consolide la participación de estas poblaciones ya que en el Perú no existen circunscripciones especiales y, en elecciones congresales o de Parlamento Andino, no aplica la cuota del 15% que rige para las listas de las elecciones de gobierno local y regional (página 146). Al respecto, la Misión recomendó lo siguiente (página 147):
– Explorar mecanismos para incorporar información sobre autoidentificación étnica en el padrón electoral y generar estadísticas sobre la participación de estas poblaciones.
– Incorporar en la ficha de inscripción de candidaturas un campo opcional para que cada postulante pueda reportar si autoidentificación étnica.
– Realizar un análisis de la ubicación de los nuevos locales de votación que fueron instalados en razón de la pandemia y mantener, de cara a futuros procesos electorales, aquellos que, por proximidad, facilitan el ejercicio del sufragio de comunidades indígenas.
– Establecer dentro de la estructura de las instituciones electorales, una oficina o unidad que se encargue del diseño y evaluación de políticas y medidas que promuevan la inclusión política de los pueblos indígenas y afrodescendientes, y que permita incorporar un enfoque multicultural de manera transversal en todas las actividades relativas a la organización de las elecciones.
– Explorar mecanismos para la inclusión efectiva de los representantes de los pueblos indígenas y afroperuanos en el Congreso.
– Impulsar y fortalecer campañas itinerantes de entrega de documentos en las comunidades más alejadas y de difícil acceso.
Voto en el extranjero
Sobre este punto, la Misión recordó que el Perú fue el segundo país -el primero fue Colombia- de América Latina en establecer el voto de sus ciudadanos desde el extranjero. Asimismo, la Misión destacó que en estas elecciones generales los peruanos residentes en el extranjero tuvieron la posibilidad de elegir directamente dos legisladores que los representarán en el Parlamento, derivado de la creación de una nueva circunscripción electoral. Esta medida significó un importante avance para la democracia del Perú y para el fortalecimiento de los derechos políticos de la población migrante (página 148). Sumado a ello, la Misión recomendó lo siguiente (página 149 y 150):
– Continuar perfeccionando la coordinación y comunicación entre la ONPE y la Cancillería, a fin de que los consulados reciban de manera oportuna la información que precisen para llevar adelante sus tareas.
– Evaluar la conveniencia de atribuir mayores competencias a la ONPE en la organización de la votación en el exterior, en raíz de su experiencia y conocimiento en la materia.
– Evaluar la posibilidad de extender el uso del aplicativo SEND-I a un número mayor de consulados con el fin de acortar los tiempos del procesamiento de los resultados del exterior. Como se advirtió tras la primera vuelta, para ello se requiere dotar de escáneres de alta velocidad a los consulados con un alto número de mesas.
– Evaluar la posibilidad de implementar en las mesas del exterior el sistema SIDE, para el reporte de información sobre la jornada de votación, de manera tal que la ONPE pueda llevar adelante un monitoreo completo de todos los puntos de votación.
– Analizar la posibilidad de que funcionarios electorales de la ONPE estén presentes en los locales de votación en el exterior con mayor número de mesas, a fin de prestar colaboración en las distintas tareas que se debe realizar el día de la votación.
Finalmente, la Misión, luego de exponer las recomendaciones que hemos presentado, destacó y agradeció la amplia apertura de las autoridades electorales y gubernamentales peruanas, especialmente del Ministerio de Relaciones Exteriores, quienes facilitaron la recolección de la información necesaria para llevar acabo su trabajo. (Santiago, 20 junio 2022)