¿Por qué el Reglamento de la Convención debe contemplar 17 comisiones? ¿Cómo se podrían conformar? ¿Cuáles podrían ser? Estas son algunas de las preguntas que intento responder en adelante. En efecto, al ser 17 representantes de pueblos originarios, siendo la intención que se asegure su participación, y, atendiendo a la cantidad y diversidad de temáticas que abordar, podrían ser, asimismo, 17 comisiones. Además, si restamos 2 a 155 (ello, dado que el o la Presidente (a) y Vicepresidente (a) de la Convención Constitucional podrían o deberían estar enfocados principalmente en gestión, es decir, para que todo funcione en forma y plazo), nos da como resultado 153, que dividido en 17 es 9, número entero (evitando el problema de los decimales en los quórums de votación).

El número 9 es un número apropiado para trabajar en equipo (no es excesivo para dialogar ni bajo que pueda significar problemas de representación, especialmente considerando los resultados electorales), y, encuadra perfectamente con la regla y norma constitucional relativa a las 2/3. Además, habría un o una representante de pueblos originarios por cada comisión, quedando 8 puestos, es decir, calza también con la regla de paridad, procurándose entonces que estos sean idealmente 4 mujeres y 4 hombres, más un hombre o mujer representante de pueblo originario, conformándose la comisión por 9 exactos.

¿Cómo debieran integrarse las comisiones de trabajo? Se debe procurar el mayor pluralismo posible. Así, la lista Vamos por Chile deberá estar representa por dos al menos dos convencionales en cada comisión, y, al menos un convencional integrando, que sean de las listas del Apruebo, Apruebo Dignidad, Del Pueblo, respectivamente y, los convencionales de la lista Nueva Constitución repartidos por comisión. Asimismo, debería haber al menos un convencional de los demás independientes por comisión, repartiéndose en caso de que tengan varios electos, como el caso, por ejemplo, de Independientes No Neutrales.

¿Cómo se irían integrando? Pues al igual que en la toma de carga académica, conocida comúnmente como toma de ramos, o, en general, cualquier método de selección por parte del usuario, cada convencional deberá indicar sus prioridades. Si surge un empate, deberán aplicarse las reglas anteriores y, en caso de igualdad de condiciones, decidir por mutuo acuerdo de los convencionales que estén en dicha situación y, en caso de no haberlo, que sea aleatorio.

En adelante, se proponen ideas de temática por comisión, en un intento de encuadrar lo constitucional a 17 equipos de trabajo. Siempre puede precisarse, ajustarse y/o agregar algún área, pero más o menos son las que se podría tatar (así, por ejemplo, materias sobre pueblos originarios, grupos en situación de vulnerabilidad, emprendimiento, tratados internacionales, entre otros, se podría incluir en la que más sea pertinente o afín):

• Bases de la institucionalidad.
• Nacionalidad, ciudadanía, servicio y justicia electoral.
• Derechos civiles y políticos.
• Derechos económicos, sociales y culturales.
• Recursos naturales.
• Acciones y recursos constitucionales.
• Defensor del Pueblo, Defensoría Ciudadana, Ombudsman.
• Estados de excepción constitucional.
• Presidente de la República, Ministros y Administración del Estado.
• Gobierno y Administración interior del Estado.
• Orgánica y funciones del Congreso Nacional.
• Formación de la ley y reforma constitucional.
• Poder Judicial.
• Ministerio Público, Defensoría Penal y Defensoría de las Victimas.
• Tribunal Constitucional.
• Fuerzas Armadas y Consejo de Seguridad Nacional.
• Contraloría General de la República y Banco Central.

Así, a modo de graficar, se representa como sigue:

Y, un ejemplo de comisión:

Con todo, lo anteriormente expuesto no implica que si no se integra la comisión respectiva no se podría participar de la temática. Es decir, puede haber instancias previas, como con una especie de inicio con una lluvia de ideas que luego la comisión especializada deba hacerse cargo, o, posteriormente en forma plenaria, con aportes, observaciones y, evidentemente, con la votación que se exige de los 2/3 para aprobar cada norma. (Santiago, 5 junio 2021)