Juan Pablo Díaz

Podemos afirmar que el “borrador” de Nueva Constitución es precisamente eso, un borrador independiente de algún ajuste que pueda hacerse en la Comisión de Armonización, y que claramente no es la Constitución que quiere Chile.

La Declaración Universal de Derechos Humanos, es un documento que fue aprobado por casi todas las Naciones del Mundo, como un ideal común a seguir por todos los pueblos. Así, dicho texto inspiró la elaboración, firma, ratificación y vigencia de una serie de tratados internacionales sobre derechos humanos, los que en gran medida Chile ha ratificado y se encuentran vigentes.

El número 9 es un número apropiado para trabajar en equipo (no es excesivo para dialogar ni bajo que pueda significar problemas de representación, especialmente considerando los resultados electorales), y, encuadra perfectamente con la regla y norma constitucional relativa a las 2/3.

Si el Estado no es capaz de otorgar el denominado por los medios como “el medicamento más caro del mundo”, al menos debería considerar no sobrecargar su costo.

Si alguien vota “apruebo”, debiese respetar a quien decide por la opción “rechazo” y viceversa. Ambos tendrán sus razones y verdades.

Independiente el camino que tome la ciudadanía siempre hay puntos que mejorar, por lo que la Agenda 2030 y, en particular sus objetivos pueden servir de base a la discusión.

Ante uno y otro escenario, el límite de la soberanía se encuentra en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Al mismo tiempo, no solo deben verse estos como un límite, sino que como un ideal a seguir, el consenso que puede generar una sociedad democrática que es el respecto, promoción y protección de los Derechos Humanos.

La aplicación de los estándares internacionales en materia de Derechos Humanos a través de la aplicación de los tratados internacionales ratificados por Chile y vigentes por los Tribunales de Justicia ha sido un cambio de paradigma. Ello ha quedado demostrado con la consideración de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de la mujer, conocida como la Convención de Belem do Pará, logrando modificar criterios de interpretación de la normativa de rango legal, y, consecuencia de ello, revocar una sentencia.

Esto, a propósito de solicitud de diputado Hirsch, quien solicita un pronunciamiento sobre la juridicidad del proceso de enmienda N° 2 del Plan Regulador Comunal de La Reina.