Artículos de Opinión

Posición jurídica de la OEA en relación a la Carta Democrática Interamericana invocada por Perú.

El Presidente Pedro Castillo saludó la decisión de la OEA de activar la Carta Democrática Interamericana y llamó a un amplio diálogo para alcanzar un compromiso nacional por la estabilidad de la democracia en el Perú. Por el otro, diversas fuerzas de oposición han señalado que estamos ante una injerencia inaceptable en la soberanía peruana por parte de la OEA. Se trata, para muchos líderes de la oposición, de un recurso desesperado del Presidente Pedro Castillo por aferrarse al poder y eludir la acción de la justicia frente a los graves delitos de corrupción que se le imputan tanto a él como a su entorno más cercano.

El miércoles 12 de octubre de 2022 el Gobierno del Perú, mediante documento dirigido al Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, solicitó la aplicación de los artículos 17 y 18 de la Carta Democrática Interamericana que a la letra dicen lo siguiente:

Artículo 17: Cuando el gobierno de un Estado Miembro considere que está en riesgo su proceso político institucional democrático o su legítimo ejercicio del poder, podrá recurrir al Secretario General o al Consejo Permanente a fin de solicitar asistencia para el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática.

Artículo 18 Cuando en un Estado Miembro se produzcan situaciones que pudieran afectar el desarrollo del proceso político institucional democrático o el legítimo ejercicio del poder, el Secretario General o el Consejo Permanente podrá, con el consentimiento previo del gobierno afectado, disponer visitas y otras gestiones con la finalidad de hacer un análisis de la situación. El Secretario General elevará un informe al Consejo Permanente, y éste realizará una apreciación colectiva de la situación y, en caso necesario, podrá adoptar decisiones dirigidas a la preservación de la institucionalidad democrática y su fortalecimiento.

En el referido documento se dice literalmente lo siguiente: “El Gobierno del Perú ha decidido activar este mecanismo de garantía colectiva para preservar la institucionalidad democrática y el legítimo ejercicio del poder, teniendo en cuenta que en los últimos meses vienen ocurriendo en el Perú una sucesión de hechos y situaciones, por parte del Poder Legislativo, del Ministerio Público y de otros órganos constitucionales, que en abierta contradicción con las disposiciones constitucionales y las normas que regulan la separación de poderes propia del Estado de Derecho, han configurado un proceso destinado a la alteración del orden e institucionalidad democrática del Perú, promoviendo las modalidades de golpe de Estado, cuya desactivación y control inspiraron la redacción de los artículos 17 y 18 de la Carta Democrática Interamericana como mecanismo para la defensa de la democracia y evitar una ruptura constitucional”.

Por ello, como se lee en el citado documento, tanto el Presidente del Perú, Pedro Castillo como el Ministro de Relaciones Exteriores o Canciller, César Landa, informaron de los siguientes hechos y situaciones ocurridos antes que el Presidente asuma su cargo, y otros que dan cuenta de que algunos sectores representados en el Parlamento con ramificaciones externas siguen desconociendo su legítima victoria y conspirando con el propósito de afinar todos los mecanismos legales con el objeto de llevar adelante un plan para afectar la democracia en el país:

1. El discurso del fraude electoral.

2. Tres comisiones parlamentarias para investigar al Presidente.

3. Manifestaciones de los congresistas para retirar al Presidente de su Cargo.

4. Declaraciones de los titulares de órganos constitucionales fuera de sus competencias.

5. Desdén por las propuestas legislativas presentadas desde el Poder Ejecutivo.

6. Búsqueda de limitación de competencias del Poder Ejecutivo por parte del Congreso.

7. Dificultades en el ejercicio presidencial de dirigir la política externa.

8. Solicitudes de vacancia presidencial.

9. Abuso del control político.

10. Acusaciones constitucionales.

A partir de lo antes referido, el Gobierno del Perú señala que “estos procesos, situaciones y hechos configuran una clara voluntad de concertación de sectores del Poder Legislativo, del Ministerio Público y otros órganos constitucionales que están encaminados a la ruptura de la institucionalidad democrática en el Perú”. Por ello, en mérito a lo expuesto, el Gobierno del Perú solicita al Secretario General de la OEA que disponga las medidas de urgencia que permitan abrir un diálogo entre los diversos poderes del Estado para resolver la crisis política que afecta a la democracia peruana, evitando al mismo tiempo, la configuración de una nueva modalidad de golpe de Estado.

¿Qué le ha respondido la OEA al Gobierno del Perú?

El jueves 20 de octubre de 2022, el Consejo Permanente de la OEA, compuesto por un Representante Permanente por cada Estado Miembro, nombrado especialmente por el gobierno respectivo con categoría de Embajador, aprobó la Resolución 1208 (2400/22) disponiendo lo siguiente:

1. Expresar su solidaridad y respaldo al Gobierno democráticamente electo de la República del Perú, así como a la preservación de la institucionalidad democrática.

2. Realizar un llamado a todos los actores para que sus acciones se enmarquen en el respeto al estado de derecho, reconociendo que el artículo 2 de la Carta Democrática Interamericana establece que “el ejercicio efectivo de la democracia representativa es la base del estado de derecho y los regímenes constitucionales de los Estado Miembros de la Organización de los Estados Americanos”.

3. Expresar la disposición de las Organización de los Estados Americanos a brindar apoyo y cooperación, a requerimiento del Gobierno del Perú, mediante gestiones para promover el diálogo y el fortalecimiento de su sistema de gobierno.

4. Designar un grupo de alto nivel conformado por representantes de los Estados Miembros, en concordancia con la Carta Democrática Interamericana, para que realice una visita al Perú con el fin de hacer un análisis de la situación de la que informará a este Consejo.

¿Quiénes integrarán la Misión de la OEA y cuándo llegará al Perú?

El viernes 28 de octubre de 2022, el Presidente del Consejo Permanente de la OEA anunció que la Misión que llegará al Perú con el fin de hacer un análisis de situación estará conformada por los cancilleres Santiago Cafiero, de Argentina; Eamon Courtney, de Belice; Juan Carlos Holguín, de Ecuador; Mario Adolfo Búcaro, de Guatemala; y Julio César Arriola, de Paraguay. También participarán Laura Gil, viceministra de Asuntos Multilaterales de Colombia; Christian Guillermet, viceministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica; y Eladio Loizaga, exministro de Relaciones Exteriores del Paraguay y representante de la Secretaría General de la OEA.

Asimismo, el Canciller peruano, César Landa anunció el jueves 03 de noviembre de 2022 que la referida Misión de la OEA llegará al Perú el próximo domingo 20 de noviembre de 2022 para realizar su jornada de trabajo los días 21 y 22 del mismo mes.

Reacciones y oportunidades

Como era de esperarse, las reacciones políticas frente a esta Resolución de la OEA han sido diametralmente opuestas. Por un lado, el Presidente Pedro Castillo saludó la decisión de la OEA de activar la Carta Democrática Interamericana y llamó a un amplio diálogo para alcanzar un compromiso nacional por la estabilidad de la democracia en el Perú. Por el otro, diversas fuerzas de oposición han señalado que estamos ante una injerencia inaceptable en la soberanía peruana por parte de la OEA. Se trata, para muchos líderes de la oposición, de un recurso desesperado del Presidente Pedro Castillo por aferrarse al poder y eludir la acción de la justicia frente a los graves delitos de corrupción que se le imputan tanto a él como a su entorno más cercano.

Ahora bien, más allá de lo declarado por los políticos -guiados, desde luego, por sus propios intereses- lo cierto es que esta decisión no constituye victoria o derrota alguna ya sea para el Gobierno o para la oposición, respectivamente. Se trata, como bien lo apuntan los expertos, de un mecanismo establecido en 2001; proceso en que el Perú tuvo una importante participación, que busca encontrar un espacio de diálogo para afirmar el compromiso con el orden constitucional y el estado de derecho en la región frente a un escenario de crisis política.

En suma, se trata de aprovechar la colaboración de la OEA con el propósito común de encontrar una salida a la crisis política por la que atraviesa el país y que genera graves problemas de gobernabilidad. En otras palabras, los actores políticos deberían ser los primeros en reconocer y valorar los mecanismos institucionales/supranacionales con los que hoy en día cuentan los gobiernos de la región para resolver -sin quebrar el orden constitucional vigente- los problemas políticos que resquebrajan los cimientos de nuestras débiles democracias. (Santiago, 18 noviembre 2022)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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