Presunción de validez o legalidad vs presunción de laboralidad: Privación del derecho a la acción declarativa de existencia de contrato de trabajo para los prestadores de servicios a honorarios en la Administración del Estado.

La presunción de legalidad, a la que aludimos en la columna anterior, utilizada para fundar el rechazo de acciones de tutela de derechos fundamentales iniciadas por trabajadores públicos, también es un argumento usado por algunos tribunales del trabajo para rechazar la declaración de existencia de relación de trabajo de personas contratadas formalmente a honorarios por la Administración del Estado.

Este razonamiento judicial tiene su origen en las defensas de los respectivos servicios públicos demandados, que sostienen la improcedencia de que un tribunal laboral declare la existencia de una relación de trabajo, dado que los contratos a honorarios surgen de actos administrativos que gozan de la presunción de legalidad o validez del artículo 3° de la ley n° 19.880. Esta jurisprudencia razona que los jueces del trabajo no pueden abocarse a la calificación de un contrato de trabajo, sin que se hubiere previamente declarado la nulidad del acto administrativo que autorizó la contratación a honorarios.

Esta tesis interpretativa no se concilia con la presunción de laboralidad contenida en el art. 8 del Código del Trabajo, que establece que toda prestación de servicios personales en los términos del artículo 7 del mismo cuerpo legal (servicios personales remunerados, subordinados y dependientes) hace presumir la existencia de un contrato de trabajo. De la misma manera, tensiona la naturaleza consensual del contrato de trabajo y el mandato del principio de realidad, que exige la preponderancia de los hechos frente a los documentos contractuales.