Hace unos días, el país se volvió a polarizar en torno a sucesos acontecidos hace ya 40 años. Y no me refiero a la conmemoración de fin del Gobierno de la Unidad Popular, sino al debate en torno a la condición en la cual se mantenían los condenados por violaciones a los DD.HH. No caeré en la clásica declaración condenatoria a ese tipo de crímenes. Se entiende implícita. Sin embargo, creo que es necesario reflexionar sobre los condenados, la igualdad ante la ley y la República.
El Presidente Piñera optó por desligarse definitivamente de la derecha tradicional al señalar públicamente su preferencia en el plebiscito de 1988. Con ello logró captar el voto de muchos que jamás habrían votado por un candidato favorable al régimen militar, y resultar electo a la primera magistratura. Fue una jugada estratégica con excelentes resultados para su campaña.
Tres años más tarde, da un paso más allá ordenando el traslado de los condenados por violaciones a los DD.HH. a un centro de detención en el cual los reos vivirán en peores condiciones de las que estaban. Solo el argumento del bienestar de los reos en Chile daría para un interesante debate, pero en esta oportunidad no profundizaremos en ello, y –como es la moda- “pasaremos” del mismo.
El tema se pone interesante con las declaraciones del Ministro del Interior, quien señaló que quienes criticaban la medida “no saben vivir en democracia”. Quizá. Pero si algo ha quedado claro, es que Piñera no ha sabido ser republicano. ¿Qué es la república? En palabras sencillas, el régimen político que garantiza la libertad, principalmente la libertad interna. Y esta libertad –política- interna sólo puede existir en la medida en que el Estado se ajuste a Derecho, respetando los derechos civiles y la igualdad ante la ley.
¿Fueron justos los juicios a militares? Algunos sí. Sin embargo en muchos de ellos se ha vulnerado la ley de amnistía vigente –al aplicarla sólo a parte de la población-, la paz social que se persigue con las reglas de prescripción penal, y de la mano de ello, han pisoteado la seguridad jurídica al considerar como delitos figuras penales inexistentes en nuestro ordenamiento: “no hay crimen ni pena sin ley”. Ni las Cortes de Apelaciones, ni la Corte Suprema, ni el Tribunal Constitucional han hecho eco de estas graves faltas. Es decir, la justicia se ha levantado la venda que cubre sus ojos, y ha dado rienda suelta al activismo político revanchista –quizá intentando purgar su negligente silencio de 18 años- a través de sus sentencias.
¿Qué se puede hacer contra ello? Lamentablemente nada. Es cierto que se podrá señalar que al agotarse los mecanismos internos, siempre nos quedará la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y luego la Corte. Pero sincerémonos. Jamás se podría obtener un fallo favorable de un tribunal que sentencia en base a criterios sociales, políticos, económicos, más no necesariamente jurídicos. Y aunque se obtuviese, dicho fallo se pronunciaría tras largos años de litigación, años que los presos políticos del caso no tienen.