Sobre la conveniencia de contar con más Órganos Administrativos Autónomos, y con una regulación que les otorgue una identidad común y propia.

Dentro de la actual configuración de la separación de Poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) contenido en la Constitución Política de la República (CPR), tenemos que el Estado de Chile es unitario, y que el Presidente de la República ostenta el Gobierno y la Administración del mismo.

El modelo organizacional de las entidades que ejercen competencias administrativas se caracteriza por estar conformado, por una parte, de funcionarios (ministros, subsecretarios y jefes de servicio) de exclusiva confianza del Presidente de la República, sujetos, por tanto, a un control político, altamente jerarquizado y cuyo nombramiento depende principalmente del Gobierno de turno a nivel central; y, por la otra, nos encontramos frente a autoridades elegidas democráticamente, las que por lo general ostentan competencias en el orden local o regional (gobernadores, consejeros regionales, alcaldes).

En aquel ámbito, la organización administrativa se encuentra escuetamente regulada en nuestra CPR, señalando en su artículo 38 que “[u]na ley orgánica constitucional determinará la organización básica de la Administración Pública”.