Sociedades de mercado y trabajo infantil.

Del “Congreso del Futuro” desarrollado días atrás en Santiago, destaco, en el ámbito de las Humanidades, la exposición de Michael Sandel. Autor de varios libros, el profesor de la Universidad de Harward -quien saltara a la fama con su penetrante replica a las tesis de John Rawls contenidas en su “Teoría de la Justicia”- forjó, secundado por Alasdair Mac Intyre, Charles Taylor y Michael Walzer, entre otros, una corriente de pensamiento que algunos llaman “comunitarista”. Esta, en realidad, más que una Escuela, es un conjunto de diferentes visiones acerca de las relaciones entre el individuo y la comunidad, coincidentes en la crítica a algunas perversiones de la sociedad individualista. En particular, Sandel nos vino a recordar algunas ideas bastante de sentido común por lo demás: que el Estado no puede ser -aunque se lo proponga- neutralmente ético; que las personas no suelen elegir libremente sus objetivos porque vienen condicionados por la comunidad de la que proceden. Vino a hablar, en suma, de los límites del mercado y de cómo, sin darnos cuenta, una “economía de mercado” puede devenir en una “sociedad de mercado”, en la que ya casi nada es gratis y casi todo tiene precio, casi todo se puede comprar. Un problema grave que desemboca en que, como expresaba recientemente en una entrevista, “cuanto más cosas el dinero puede comprar es más difícil ser pobre”. Vientres de alquiler, venta de sangre o de órganos; pagar por tener derecho a contaminar o a cazar animales en vías de extinción, o por acceder a mejores celdas en una cárcel. Ejemplos parecidos se pueden multiplicar al infinito. Los abogados sabemos que, sin embargo, existen regulaciones y limitaciones, llámensele normas de orden público, restricciones a la autonomía de la voluntad, derechos irrenunciables, garantías indisponibles o buenas costumbres.

Pero las normas legales son insuficientes cuando las sociedades que ellas regulan, no las sienten adecuadamente justificadas y, en la misma medida, como propias, sino ajenas o –peor aún- como un inevitable homenaje a lo políticamente correcto. Ello es fácil constatarlo con el trabajo infantil, un ejemplo de los excesos a que puede llevar una “sociedad de mercado”, pues si todo se puede comprar, por qué no ha de serlo el trabajo de un niño. Del trabajo infantil nos habló, en el mismo “Congreso del Futuro”, Kailash Satyarthi. Este activista indio, galardonado con el Nobel de la Paz 2014, fundó una ONG, la BBA -Movimiento para Salvar la Infancia- y lideró, en 1998 la Global March Against Child Labor, una movilización civil que reunió más de siete millones de personas y que en la actualidad organiza manifestaciones para denunciar el trabajo en condiciones de semiesclavitud de los niños indios en las fábricas. Merece destacarse que el trabajo de la BBA no está supeditado a cambios legislativos o a políticas gubernamentales, sino que es impacientemente práctico. Sus esfuerzos se proyectan, por ejemplo, en redadas a talleres y fábricas donde se usa mano de obra esclava infantil, en ayudar a pagar deudas de los padres para evitar que envíen a sus hijos a trabajar y en generar conciencia en los consumidores tanto en India como en el resto del mundo para que no consuman productos fabricados con trabajo de menores.

Iniciativas y trabajos de este tipo resultan insustituibles por todas las leyes y Convenios internacionales que puedan existir. Ciento sesenta y ocho países han ratificado el Convenio de la OIT sobre edad mínima de admisión al empleo, N° 138 (de 1976) y ciento ochenta lo han hecho con el Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, N° 182 (de 1999). Sin embargo, según cifras del 2013 de este organismo internacional, el número global de niños en situación de trabajo infantil en el mundo se calcula en 168 millones, un enorme avance comparado con los 246 millones que se constataban el año 2000. Del total, más de la mitad, es decir 85 millones efectúan trabajos peligrosos, siendo la región de Asia y el Pacífico la que registra el número más alto de niños (casi 78 millones o 9,3% de la población infantil) y el África Sub-sahariana la región con la más alta incidencia de trabajo infantil (59 millones, más del 21%). Pero tanto como las cifras, impacta el enorme contraste entre los compromisos normativos y su cumplimiento.