Tecnología para una justicia centrada en las personas.

En la actualidad hay suficiente evidencia acumulada que da cuenta de que nuestro sistema de justicia civil no constituye una alternativa real para la satisfacción de una serie de necesidades legales de la población, sobre todo respecto de problemas justiciables de baja complejidad, pero de alta prevalencia entre la población. Así, por ejemplo, un estudio publicado el año 2020 por la Corporación Administrativa del Poder Judicial, muestra que tres de cada cuatro personas reportan encontrarse frente a un problema justiciable (un 76% de los encuestados). Entre los más frecuentes, están aquellos relacionados con productos y servicios contratados (como telefonía, internet, TV por cable o digital) que corresponden a un 52,7%, seguidos por asuntos de dinero y finanzas (no poder pagar una tarjeta de crédito o casa comercial; dineros que se le deben a las personas, cobros de impuestos, entre otros) con un 30,2%. En tercer lugar, figuran las necesidades legales vinculadas a la salud (obtener o recibir un tratamiento de salud, tratamiento médico inadecuado, acceso a medicamentos, entre otros) con un 27,7% (CAPJ, 2020: 52-53). Algunas de estos problemas justiciables fueron particularmente importantes durante la pandemia, como ocurrió con el pago de pensiones alimenticias o el no pago de rentas u otros asuntos derivados del arrendamiento (Lillo y Vargas, 2020: 195-204).

Respecto de este tipo de asuntos, una serie de barreras impediría que las personas que puedan acceder a la justicia para ver tutelados sus derechos. En la literatura, sobre todo en el ámbito comparado, se mencionan algunas cómo la ubicación geográfica de los tribunales, los costos de oportunidad asociados a iniciar un proceso judicial, la complejidad de los procedimientos y del lenguaje usado en su regulación, la escaza y muchas veces críptica información sobre cómo hacer valer nuestros derechos, los costos directos de litigar, además de una serie de brechas digitales que van desde la infraestructura tecnológica de un país, las diferencias existen entes entre diversos grupos de la sociedad en el acceso a la tecnología, o los conocimientos y habilidades para el uso de la tecnología por parte de potenciales usuarios, entre otras (e.g. OCDE, 2016: 7-8).

Una de las barreras de acceso a la justicia que ha sido identificada por la OCDE es la escasez de oferta de servicios legales para cierto tipo de problemas justiciables, entre otras cosas, por el tipo de abogados que estamos formando en las universidades. En este sentido, un problema es la forma en que estos aprenden: metodologías centradas en la exposición de contenidos, énfasis en la memorización de contenidos, donde no existe trabajo de habilidades blandas que facilitan la flexibilidad necesaria al momento de un acercamiento a comunidades y personas que no son abogadas. Luego, estos profesionales, son normalmente entrenados para un análisis legal consistente en el dominio de disposiciones normativas y su aplicación a hipótesis de hecho, pero de manera mucho menos frecuente a asistir a clientes a negociar acuerdos y a alcanzar otras formas de resolución de problemas justiciables (HiiL, 2022: 84).