Tratados internacionales: avances e incertidumbres constitucionales.

Es valorable la atención que se prestó en el borrador del texto de la nueva Constitución y en el documento entregado por la Comisión Armonizadora a la política exterior y, más apreciable aún, que pese a delirios constituyentes de naturaleza originaria se reconocieran expresamente diversas materias de índole internacional.

Lo anterior, guarda plena armonía con uno de los límites sustantivos al poder constituyente, que resultaron aprobados por el Congreso Nacional por medio de la reforma constitucional que introdujo la ley N° 21.200, al preceptuar en el artículo 135 inciso final del Capítulo XV de la Constitución Política de la República: “…el texto de Nueva Constitución que se someta a plebiscito deberá respetar…los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”, sin realizar la norma en comento distinción alguna en cuanto al tipo o naturaleza de los tratados internacionales ratificados y vigentes en nuestro ordenamiento jurídico. Es decir, en este punto, se adoptó una tendencia ya creciente en el derecho constitucional comparado, concibiendo al poder constituyente sea este derivado o incluso originario, impedido de un desentendimiento total de los principios democráticos y jurídicos que dan sustrato a la identidad de un país[i].

Con todo, no hace falta ser experto para colegir el sinnúmero de posibles conflictos legales en torno a derechos adquiridos, marcos regulatorios y todo el corpus iuris internacional del Estado de Chile que, difícilmente, sea conciliable con un texto en que se empobrece el resguardo al derecho de propiedad privada y en que se cambian las reglas del juego en diversas dimensiones, solo por nombrar algunas emblemáticas: el caso de los derechos de aprovechamiento de aguas o el régimen de expropiación contenido en la propuesta constitucional.