El Estado debe garantizar el acceso y la conectividad digital, a Internet y a las tecnologías digitales asociadas, de forma equitativa, asequible, de calidad y velocidad adecuada, se propone a la Convención Constitucional.

Para ello debe implementar las medidas, los servicios o las políticas públicas que fuesen necesarias para universalizar, en todo el territorio del país, el acceso a las tecnologías de la información y comunicación.

La iniciativa de norma constitucional propuesta por Francisco Caamaño, Carolina Videla, Loreto Vidal, Malucha Pinto, Ignacio Achurra, Paulina Valenzuela, Natalia Henríquez, Íngrid Villena, Daniel Bravo, Cesar Uribe, Francisca Arauna, Cristóbal Andrade, María Rivera, Hugo Gutiérrez y Cristina Dorador busca establecer en el texto de la nueva Constitución el “Derecho al acceso y a la conectividad digital”.

Los autores de la iniciativa fundan su propuesta en la resolución del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas del 27 de junio de 2016, que reconoció el acceso a internet como un derecho humano básico. También en el hecho de que el mismo organismo advierte que la falta de medios digitales es causa potencial a un aumento en la desigualdad social. De allí la importancia de diseñar políticas publicas que aseguren un goce equitativo del progreso tecnológico.