El derecho a la vivienda es un derecho constitucional, por Salvador Soler.

Hace unos años, en unas jornadas sobre el derecho a la vivienda inicié mi intervención diciendo que «todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”. Añadí que, “los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho”, para lo cual era necesario que se regulara “la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación». Y, alguien de la mesa, muy molesto, me interrumpió y dijo que las jornadas no eran para propaganda política, ni para proclamas intervencionistas del mercado. Tras esto, informé al auditorio en general y al ciudadano preocupado en particular que, lo referido no era más que el texto literal del artículo 47 de la Constitución Española. Lo que sorprendió, no solo, al personaje en cuestión, también, a una parte del público que, en principio, había seguido al impertinente indocumentado. Esto nos da el nivel de conocimiento de los que proclaman la libertad de empresa y mercado.

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, reconoce, así mismo, el derecho de toda a una vivienda adecuada. En el contexto de la Unión Europea, la Carta de los Derechos Fundamentales y el Pilar Europeo de Derechos Sociales reconocen el derecho a una ayuda social y de vivienda para garantizar una existencia digna a aquellos que no dispongan de recursos suficientes. La Resolución del Parlamento Europeo de 21 de enero de 2021 sobre el acceso a una vivienda digna y asequible para todos, insta a los Estados miembros a asegurar que el derecho a una vivienda adecuada sea reconocido y ejecutable como un derecho humano fundamental. En España, sin embargo, el PSOE y el PP, han convertido todo ese acervo legislativo sobre el acceso a la vivienda en un derecho de cartón piedra.

Y, siendo cierto que la vivienda no se considera un derecho fundamental, sí se enmarca, dentro de los principios rectores de la política social y económica que debe llevar a cabo el Gobierno, lo que, implica un desarrollo legislativo para que luego pueda ser plenamente efectivo. De hecho, el Pleno del Tribunal Constitucional ha dictado una reciente sentencia en la que reconoce que el derecho a la vivienda es un derecho constitucional, dando pie a que se pueda exigir su cumplimiento ante los tribunales al Ayuntamiento de Granada (también al Estado y a la Junta de Andalucía) por ejemplo, por la falta de promoción de vivienda asequible, falta de financiación adecuada, de promoción y gestión de viviendas y/o evasión de la regulación del uso del suelo que evite la especulación y garantizar el interés general.