Escriben: «La Responsabilidad Penal de los funcionarios públicos en el ámbito de la Contratación Pública. Tipos penales».

Recientemente, la autora argentina Liza V. Pereira publicó un análisis sobre el impacto de las crecientes investigaciones penales en trámite en la actualidad, respecto de la posible comisión de delitos relacionados con contratos celebrados con el Estado.

En el documento, la autora comienza explicando que ello es así, en cuanto que las resoluciones arribadas en el marco de dichas pesquisas, tendrían una incidencia directa sobre las contrataciones celebradas entre el Estado y su Administración Pública, integrada por sus Funcionarios Públicos y las empresas contratadas, integrada por esos mismos funcionarios en calidad de socios o directivos.

Luego, el trabajo señala que en ese marco, es dable poner como ejemplo de esa interacción entre el ámbito administrativo y penal, el dictamen de fecha 31 de octubre de 2018 de la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN), que se expidió sobre la posibilidad de extender la inhabilitación para contratar con el Gobierno Federal a las empresas, en las cuales tales personas actúan como directores o socios, basado en el Decreto Nº 1023/ 2001 y sus normas reglamentarias (el Régimen General de Contrataciones); y la incidencia de la Ley N° 27.401 de Responsabilidad Penal Empresaria (LRPE).