Opinión.
Ética Judicial: un nuevo estándar para una justicia en crisis, por Pablo A. Pirovano
En medio de una crisis de confianza en el Poder Judicial, un conjunto de instituciones legales propone un Código de Ética obligatorio que busca cerrar la brecha entre la legalidad y la legitimidad, fijando estándares exigibles de conducta para magistrados en funciones y fuera de ellas.

En un contexto en el que el Poder Judicial, es protagonista de escándalos que alternan entre la inacción funcional, los vínculos impropios y la exhibición mediática, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF), la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires (CACBA) y la Vocalía de Jimena de la Torre del Consejo de la Magistratura han dado a conocer una propuesta ambiciosa: un Código de Ética Judicial con fuerza normativa obligatoria para todos los magistrados de la Justicia Nacional. Lejos de ser un simple conjunto de buenas intenciones, se trata de un texto detallado, de inspiración comparada, que busca llenar un vacío institucional tan evidente como incómodo: el de la responsabilidad ética judicial en términos vinculantes y verificables.
En la Argentina, las reglas de conducta para los jueces han estado tradicionalmente ligadas al fuero interno, a manuales orientativos como el Código Iberoamericano de Ética Judicial (de carácter no vinculante), o bien a decisiones casuísticas del Consejo de la Magistratura. No hay hoy una norma con jerarquía legal que establezca, de forma clara y exigible, los deberes éticos de los magistrados y sus consecuencias. Esto ha generado una amplia zona gris: existen conductas impropias que no configuran delitos ni causales de remoción, pero que socavan gravemente la confianza ciudadana en la imparcialidad y honestidad del juez. Es esa “zona de impunidad ética” la que este proyecto busca abordar.
El articulado, extenso y sistemático, comienza con un preámbulo que establece la legitimidad democrática como base de la función judicial, subordinando la interpretación normativa a los valores republicanos. Se reconoce que la misión del Poder Judicial no se agota en aplicar el derecho, sino que debe sostener la confianza social en la justicia mediante una conducta ejemplar.
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