III Encuentro de Litigio Estratégico en Movilidad Humana

Los derechos deben encontrar formas de protegerse y concretarse en la práctica

De poco sirve que la Constitución, los tratados internacionales o la Ley 21.325 reconozcan derechos si no existe un camino efectivo para exigirlos.

En ese desafío, este encuentro puso rostro y voz a personas que han llegado a nuestro país y cuyos derechos dependen de que alguien los defienda ante un tribunal, así, compartimos los casos de una madre que no logra impugnar a tiempo una orden de expulsión que la separa de sus hijos, un joven que creció en Chile y no encuentra vía de regularización al cumplir la mayoría de edad, pese a haber llegado tan joven, que no tiene recuerdos del país del que su pasaporte indica es nacional y, una persona que huye de la persecución y ve cerrada la puerta del asilo antes de ser escuchada.

En todos esos casos, el problema no es la falta de normas. Es la distancia entre la norma y su aplicación. Esa distancia se amplía cuando la discrecionalidad administrativa deja a las personas en la incertidumbre, cuando se endurecen las respuestas en frontera y cuando las reformas legales se discuten más desde la seguridad que desde las garantías sin distinguir por qué ni las necesidades de individuos, asignando así el acceso a criterios generales que no se condicen con el espíritu del sentido literal de la ley.

En este escenario, el litigio estratégico cumple una función que va más allá del caso individual. Un buen caso abre camino para muchos otros. Una sentencia bien fundada corrige prácticas arbitrarias y recuerda a la Administración que sus facultades tienen límites. Y la jurisprudencia de nuestras Cortes ha sido clara en algo esencial en coherencia con los estándares internacionales, los derechos fundamentales no tienen nacionalidad.

Defender a una persona refugiada o migrante ante un tribunal no es oponerse a la ley. Es exactamente lo contrario, exigir que la ley se cumpla, que el debido proceso se respete y que las decisiones del Estado se ajusten a los estándares que el propio Estado se ha comprometido a observar. En eso estamos convencidas, los abogados y las abogadas migratorias podemos ser un aporte a una gestión migratoria más humana, pero también, más eficiente y responsable.

Una forma de ejercer la profesión

Lo que deja este encuentro es, ante todo, una idea del ejercicio de la abogacía. Una profesión que pierde sentido si no se conecta con la idea de justicia social en la comunidad en que se ejerce.

Esa tarea no se puede hacer en soledad. Requiere de una comunidad, como la que ha ido tomando forma entre clínicas jurídicas universitarias, organizaciones públicas, organismos internacionales, sociedad civil y estudios jurídicos que comparten estrategias, discuten generosamente argumentos y aprenden de la jurisprudencia favorable, pero también de la adversa.

El Boletín de Jurisprudencia y este tercer encuentro son la expresión de lo que el trabajo colaborativo jurídico puede lograr. Un espacio que busca mejorar el acceso a la justicia de personas refugiadas y migrantes en busca de un mejor futuro, lo que es una señal esperanzadora y de sentido a una profesión que muchas veces lo pierde. En tiempos como los actuales, estos espacios exceden la camaradería profesional, se transforman en una apuesta por defender el derecho como una herramienta de cuidado de la dignidad humana, más allá de las fronteras y la nacionalidad.