Instituto Libertad y Desarrollo destaca fallo del TC que valida la invariabilidad tributaria y reafirma el carácter jurídico de su control

Otro aspecto analizado corresponde al capítulo de la sentencia referido a las relaciones entre el Estado y los particulares en materia económica. El documento destaca que el Tribunal atribuye a las personas un papel central en la actividad económica y sostiene que corresponde al Estado “estimular, suplir, complementar y coordinar” las energías individuales y colectivas para alcanzar el progreso económico de la sociedad.

A partir de esa formulación, LyD interpreta que la primera función estatal consiste en estimular la iniciativa privada; posteriormente, y de manera subsidiaria, suplirla cuando resulte insuficiente; y luego complementar y coordinar la actividad desarrollada por los particulares. El centro de estudios vincula esta concepción con el principio de subsidiariedad recogido por la Constitución de 1980 y sostiene que, aunque no excluye la actuación estatal en la economía, sí establece parámetros para ella.

En esta línea, el documento señala que, ante la falta de oferentes privados, el Estado puede promover su participación mediante instrumentos como autorizaciones, licencias o permisos. Dentro de esa función de promoción ubica también las concesiones, entendidas como contratos celebrados entre el Estado y particulares por un plazo determinado para ejecutar o administrar bienes públicos.

Si esos estímulos no generan una respuesta privada suficiente, el Estado puede pasar a una segunda función y suplir directamente la ausencia de iniciativa particular. LyD sostiene que ello forma parte del propio concepto de subsidiariedad y que, por tanto, no sería coherente excluir en términos absolutos la intervención estatal.

Como ejemplos de esa función suplente, el documento menciona empresas públicas creadas para operar en sectores donde la iniciativa privada no llegaba o resultaba insuficiente, como BancoEstado, así como determinadas prestaciones directas de salud y educación en territorios donde la oferta privada es inexistente o insuficiente. Según el análisis, esta intervención debe operar como último recurso y de manera subordinada a la iniciativa privada.

El Estado también puede desarrollar una función complementaria, actuando junto con los particulares para reforzar la actividad económica que ya realizan. Entre los ejemplos se mencionan los instrumentos de fomento, los subsidios y la construcción de infraestructura pública, como puertos, caminos y redes, destinada a potenciar actividades productivas privadas.

Finalmente, según LyD, corresponde al Estado una función coordinadora destinada a armonizar las distintas actividades económicas y evitar externalidades negativas, asimetrías de información o fallas de mercado que puedan perjudicar el bien común.

El documento también aborda la discusión sobre la naturaleza de los contratos de invariabilidad tributaria. Durante la tramitación legislativa y las audiencias ante el Tribunal Constitucional, los parlamentarios requirentes sostuvieron que este tipo de instrumentos podía limitar excesivamente al legislador al comprometer decisiones futuras. La mayoría del Tribunal descartó esa objeción.

Respecto de la duración de estos contratos, el fallo los comparó con las concesiones, en las que el Estado también asume obligaciones de largo plazo frente a particulares en materias económicas y respecto de proyectos de interés público, como obras públicas, carreteras, aeropuertos u hospitales. Según el análisis, estos contratos contienen igualmente obligaciones estatales que se prolongan por un periodo fijado por la ley, sin que esa circunstancia haya generado por sí misma cuestionamientos de constitucionalidad.

Para LyD, la existencia de compromisos contractuales y su duración tienen como finalidad entregar seguridad y certeza tanto al particular que contrata con el Estado como al propio Estado, que busca cumplir un objetivo público. Por esa razón, sostiene que la temporalidad de estos instrumentos no puede considerarse un elemento carente de fundamento.

El Tribunal Constitucional también distinguió entre el contrato y la ley. Según el fallo, la existencia de un contrato de invariabilidad no impide que el legislador modifique posteriormente la legislación. Lo que ocurre, precisó, es que una eventual modificación legal no exime al Estado de las responsabilidades que haya asumido previamente mediante un contrato.

En sus conclusiones, Libertad y Desarrollo sostiene que, además de las medidas destinadas a fomentar la inversión y el empleo, Chile debe demostrar que cuenta con una institucionalidad capaz de resolver conforme a derecho y de respetar los compromisos que el Estado asume frente a los inversionistas.

En ese contexto, el centro de estudios considera especialmente relevantes los argumentos de la sentencia sobre el carácter jurídico y no político del Tribunal Constitucional, las directrices relativas al rol del Estado en la economía y la compatibilidad democrática de los contratos de invariabilidad en materias económicas.

Finalmente, plantea que los órganos colegisladores, que pueden activar el control preventivo facultativo de constitucionalidad, tienen el desafío de formular sus requerimientos ante el Tribunal Constitucional sobre la base de consideraciones jurídicas y no políticas, respetando además los criterios establecidos previamente por la jurisprudencia.

Vea estudio de Instituto Libertad y Desarrollo.