Opinión.
Justicia digital y eficiencia: hacia un sistema de notificaciones más accesible y equitativo, por Dr. Sebastián Bozzo Hauri
Aunque la modernización del sistema judicial chileno ha avanzado, persisten barreras que dificultan el acceso equitativo a la justicia, como los altos cobros de los receptores judiciales. En este escenario, la incorporación de herramientas digitales —como el domicilio electrónico judicial validado— aparece como una vía concreta para reducir costos, agilizar procesos y fortalecer el derecho a la tutela judicial efectiva (sin que la capacidad económica de las partes influya negativamente en los procedimientos)

Una de las tareas pendientes del sistema de justicia chileno sigue siendo el fortalecimiento del acceso efectivo a la justicia. Si bien se han impulsado importantes avances en materia de modernización, aún persisten prácticas y estructuras que dificultan el ejercicio oportuno y asequible de los derechos por parte de las personas. Un ejemplo reciente ha sido el debate en torno a los aranceles que cobran los receptores judiciales y la falta de uniformidad entre lo que establece la normativa y lo que ocurre en la práctica.
Tal como se ha señalado en una reciente nota de prensa (el Mercurio 11 de junio) los receptores judiciales –quienes cumplen funciones esenciales como la notificación de demandas o la toma de audiencias testimoniales– muchas veces cobran montos significativamente superiores a los fijados por el decreto correspondiente. Esta situación puede generar obstáculos concretos para las personas con menos recursos y afecta la continuidad y eficacia de los procedimientos judiciales. Si un proceso se estanca o se vuelve costoso debido a las dificultades para notificar, el riesgo es claro: el derecho a la tutela judicial efectiva se debilita.
En este contexto, las nuevas tecnologías ofrecen una oportunidad concreta para hacer más eficiente y equitativa la administración de justicia. Hoy, muchos procesos judiciales se ven obligados a recurrir a mecanismos como la notificación por avisos en el Diario Oficial, una medida subsidiaria que suele utilizarse cuando no se logra ubicar al demandado. Esta fórmula, sin embargo, además de ser costosa, plantea serias dudas respecto de su efectividad, pues muchas personas jamás se enteran de que han sido notificadas.
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