Protección de la libertad de expresión: en defensa de la democracia, es el título de una publicación del Instituto Libertad y Desarrollo.

Para el desarrollo de las democracias modernas ha sido fundamental el reconocimiento y la protección de la libertad de expresión. Se la considera como uno de los valores más altos dentro de un régimen democrático: el nivel de ejercicio que tenga la sociedad civil respecto a esta libertad -pluralidad de fuentes de información, su transparencia e imparcialidad, la capacidad de los ciudadanos de criticar a sus gobiernos sin consecuencias ulteriores- sirve de herramienta para medir el grado de compromiso democrático o la democracia efectiva de los Estados, señala una publicación del Instituto Libertad y Desarrollo en que lleva por título “Protección de la libertad de expresión: en defensa de la democracia”.

En el último tiempo se ha generado un debate sobre el rol de los medios de comunicación en Chile, su estructura de propiedad y la necesidad de una nueva regulación. Algunos han sostenido que en materia de comunicación existiría una deficiente garantía constitucional, que desconocería el derecho de la población de comunicar y recibir información oportuna, diversa y veraz; que el modelo actual excluiría voces diversas y sobre representaría intereses de los sectores “hegemónicos”, por una alta concentración de la propiedad de medios privados, una ausencia de medios públicos y una persecución a medios sociales y comunitarios, por medio de la estigmatización y criminalización en su actuar. Por ello debiera crearse un medio público; sentar las bases para una Plataforma o Sistema de Medios Públicos y establecer, a través de una Ley Orgánica de Comunicación, la política pública de creación y fomento de medios de comunicación, con la existencia de tres sectores reconocidos constitucionalmente: medios públicos fortalecidos, privados con regulaciones en su estructura de propiedad y sociales o sin fines de lucro con apoyo público que los haga sustentables. Dicha ley, además, permitiría administrar de un modo transparente y democrático la asignación de frecuencias y los mecanismos de financiamiento, regulando la concentración de la propiedad medial privada, entre otros. La nueva Ley de Medios debería garantizar que cada uno de ellos fuera objetivo y pluralista en toda su línea editorial y no sólo en los espacios informativos, y si la violaren de manera reiterada, podrían llegar a perder la concesión, lo que sería determinado por un Consejo Ciudadano escogido por todos los poderes del Estado o electo por la ciudadanía, como lo propuso el ex candidato Jadue.

Enseguida, la publicación se pregunta si tal diagnóstico se aviene o no con la realidad.