Proyecto de Ley que establece el deber de efectuar registro audiovisual de las actuaciones policiales autónomas en el procedimiento penal, se ajusta a la Constitución resuelve el Tribunal Constitucional.

La Cámara de Diputadas y Diputados remitió al Tribunal Constitucional el proyecto de ley, aprobado por el Congreso Nacional, que establece el deber de efectuar registros audio visuales de las actuaciones policiales autónomas en el procedimiento penal, el cual no fue objeto de observaciones por el Presidente de la República, con el objeto que se pronuncie, en control preventivo y obligatorio sobre la constitucionalidad del inciso cuarto del artículo 228 bis, que se incorpora en el Código Procesal Penal, contenido en el boletín N°15.788-07.

El precepto legal sometido a control de constitucionalidad, que corresponde solo al inciso cuarto “Las imágenes y/o sonidos obtenidos deberán ser entregados al Ministerio Público. Aquellos obtenidos en lugares o situaciones distintas a las previstas en el inciso primero del presente artículo, o bien, si éstos no resultan útiles para las investigaciones, serán destruidos una vez transcurridos dos años desde su captura, previa orden de destrucción emanada del Ministerio Público y dirigida al jefe de la unidad policial respectiva.”

El fallo transcribe el artículo 84, inciso primero, de la Constitución, que le entrega a una ley orgánica constitucional determinar la organización y atribuciones del Ministerio Público.