Diario Constitucional

Temas públicos.

Publican “Conflicto en La Araucanía: Autoridad doblegada”.

Se concluye que el deber de la autoridad de velar por la paz social en la región ha sido hipotecado, imperando la falta de conducción y liderazgo, mientras se impone la impunidad y la agenda política de una red de protección a grupos violentistas.

Por Redacción·09 de octubre de 2017·7 min de lectura
Publican “Conflicto en La Araucanía: Autoridad doblegada”.
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Se sostiene en el documento que durante la última semana se fueron desarrollando acontecimientos relevantes a la hora de comprender la forma en que la autoridad enfrenta al conflicto mapuche. Por un lado, se pusieron en conocimiento de la opinión pública los primeros hallazgos de la investigación policial de más de seis meses relativa a una asociación ilícita vinculada a la quema de recintos religiosos y camiones en la macro zona sur, conocida como “Operación Huracán”. Por otro lado, un grupo de cuatro comuneros acusados de la quema de un templo evangélico ocurrida en la comuna de Padre Las Casas en mayo de 2016 -proceso del cual el Gobierno es querellante por Ley Antiterrorista- dio inicio a un largo período de huelga de hambre de 117 días. Esta medida de presión, de acuerdo al texto, tenía por finalidad que la autoridad recalificara la querella por delito antiterrorista en su contra, acusando infundadamente de un “juicio injusto” al proceso en el que se vieron involucrados.

Enseguida, se plantea que el posicionamiento del Ejecutivo frente a los dos temas mencionados puso sobre la mesa de manera nítida la falta de liderazgo y la ambivalencia frente al tema, cediendo la autoridad respecto de presiones políticas y medidas de presión que se sitúan al margen del proceso democrático y claudicando en su rol de velar por uno de sus deberes esenciales como es el de ser garante de la seguridad y el orden público.

Ello, se señala, debido a que el Ejecutivo perfiló una posición ajustada a la institucionalidad y proporcional a la gravedad de los hechos, descartando modificar su accionar respecto de la aplicación de la ley antiterrorista y la recalificación de las medidas cautelares de los cuatro comuneros en huelga de hambre. Así lo hizo ver el 27 de septiembre Luis Correa, Jefe Jurídico de la Subsecretaría del Interior y Subsecretario del Interior (s), que señaló: “no existe ninguna posibilidad procesal de retirar la querella. En este caso se cumplen todos los presupuestos materiales. Este es un caso de libro de delito terrorista”. En la misma línea, complementó: "un Gobierno que se deja presionar por actos cometidos por personas que hacen uso de la violencia es un Gobierno que deja de gobernar”. Sin embargo, fundamental para el desenlace de los acontecimientos pasaron a ser las declaraciones del Ministro de Desarrollo Social Marcos Barraza, quien desautorizando la visión expresada hasta ese momento por la Subsecretaría del Interior enunció: “Yo no veo un Chile con terrorismo y con una situación donde la gente este aterrorizada. No es el caso (…). Lo que eventualmente se tipifica como conductas terroristas son hechos violentos particulares. Creo que hay hechos violentos y que hay manifestaciones delictuales que pueden tener un móvil político, pero no hay terrorismo en La Araucanía; sin lugar a dudas lo digo”, cuestionando de paso el actuar de las policías, acotando: “creo que efectivamente en la Operación Huracán se abusó de efectismo comunicacional”.

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