Reforma administrativa
Reforma al sistema de permisos sectoriales a punto de convertirse en Ley de la República
El Ministerio de Economía envió el texto al Diario Oficial para concretar la publicación de la Ley 21.770. Una vez que sea publicada, entrará en vigencia la normativa que busca optimizar y reducir entre un 30% y un 70% los tiempos de tramitación de permisos sectoriales, simplificando y modernizando los procesos administrativos de los proyectos estratégicos para el desarrollo nacional que verán reducido los tiempos de tramitación en un 50%.

Tras la toma de razón del decreto promulgatorio por parte de la Contraloría General de la República, el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, envió al Diario Oficial la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (LMAS) para concretar el último paso para su entrada en vigencia como Ley de la República. Se espera que el texto sea publicado en el Diario Oficial el lunes 29 de septiembre.
Esta Ley fue impulsada por el Ministerio de Economía con el objetivo de avanzar en simplificar la obtención de permisos, entregando mayores certezas a los proyectos de inversión, sin comprometer los estándares regulatorios ni disminuir las exigencias ambientales y técnicas vigentes. La iniciativa legislativa busca optimizar y reducir entre un 30% y un 70% los tiempos de tramitación de permisos sectoriales, simplificando y modernizando los procesos administrativos de los proyectos estratégicos para el desarrollo nacional que verán reducido los tiempos de tramitación en un 50%. De esta forma, incorpora diversas medidas orientadas a agilizar y hacer más eficiente la tramitación de autorizaciones sectoriales.
El proyecto que ingresó al Congreso en enero de 2024 y fue despachado por el Congreso luego de 18 meses de tramitación, ha sorteado todas las etapas clave para convertirse en ley. El pasado 4 de septiembre el Tribunal Constitucional (TC) culminó el control de constitucionalidad, resolviendo que el articulado cumplía con la Carta Fundamental. Luego, el día 17 de septiembre se firmó el decreto promulgatorio que fue enviado a Contraloría para la toma de razón, la que ocurrió el 23 de septiembre.
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