Andrés Celedón Baeza

La conmemoración del Día de los Juzgados de Policía Local invita a mirar más allá de su trayectoria histórica y a proyectar esta judicatura hacia los desafíos del siglo XXI. Su cercanía con los conflictos cotidianos de la ciudadanía exige avanzar hacia una justicia local más accesible, interoperable, digital, transparente y centrada en las personas, transformando experiencias de innovación como la desarrollada en Gorbea en una verdadera política pública nacional.

El comentario analiza la audiencia indagatoria como una práctica relevante en los Juzgados de Policía Local, especialmente en causas por accidentes de tránsito, destacando que, pese a no estar expresamente regulada en la Ley N° 18.287, permite esclarecer tempranamente los hechos, fortalecer la inmediación judicial, racionalizar el procedimiento y acercar la justicia a las personas.

Un análisis jurídico y comparado sobre la casilla electrónica y el domicilio digital único como eje de la modernización del Estado, sus efectos en la eficacia de las notificaciones administrativas y judiciales, y los desafíos que plantea su implementación en Chile, especialmente en la Justicia de Policía Local, frente al debido proceso, la seguridad jurídica y la brecha digital.

La implementación de la Licencia de Conducir Digital en Chile marca un hito en la modernización del Estado, pero enfrenta importantes vacíos operativos, tecnológicos y normativos que ponen en riesgo su eficacia. Sin una estrategia integral que considere la infraestructura judicial, la capacitación del personal y la interoperabilidad entre sistemas, la digitalización podría aumentar la brecha territorial y comprometer la seguridad vial que busca fortalecer.

A propósito de las recientes discusiones sobre la independencia judicial y la designación de jueces de Policía Local, este artículo plantea la necesidad urgente de incorporar estos cargos al nuevo sistema propuesto por el Consejo de Nombramientos Judiciales. Frente a una estructura que hoy presenta deficiencias, se propone una modernización basada en la transparencia, el mérito, la evaluación objetiva y la profesionalización de la judicatura local, todo dentro del marco de los principios de Justicia Abierta. El objetivo: reforzar la confianza pública, eliminar la injerencia política y garantiz

Este proyecto ha suscitado numerosos comentarios; el presente pretende ser uno más, con el objetivo de señalar los efectos negativos en un adecuado sistema de comunicaciones procesales del sistema judicial local, y, por ende, comprometer el debido proceso, esencial para garantizar la justicia y la equidad en la aplicación práctica de la ley.

¿Por qué se habla de testigos inhábiles? La carta al Director analiza este supuesto y la aplicación supletoria del Código de Procedimiento Civil en la cuestión planteada. Sin embargo, consideramos que en el procedimiento seguido ante los juzgados locales no existen los testigos inhábiles, como sí los define el Código de Procedimiento Civil.

es importante que, en el proceso de redacción y discusión de la nueva normativa constitucional, se realicen las modificaciones necesarias para precisar y clarificar las competencias de los nuevos tribunales comunales, asegurándose de que no haya solapamientos con otras jurisdicciones establecidas y que la terminología utilizada sea adecuada y coherente con la realidad jurídica actual. Esto permitirá evitar potenciales conflictos de competencia y garantizar una justicia local eficiente y efectiva.

Luego de una serie de declaraciones cruzadas, entre el Servicio Electoral y del INJPL, el Senado ha solicitado al Ejecutivo “un proyecto de ley que establezca un procedimiento eficiente de denuncia y cobro de multas para quienes no sufragaron en los últimos procesos electorales”, fortaleciendo los recursos humanos y materiales que las municipalidades deben destinar a este efecto, aparejado de la circunstancia que el Servicio Electoral efectúe una selección previa de los denunciados ante el Juzgado de Policía Local. En lo fundamental, se solicita al Presidente de la República"la urgente present

Ampliar la competencia sin considerar aspectos básicos de acceso a la justicia y determinar qué aspectos pretende abordar, para superar lo que el proyecto considera un tema no resuelto, traspasando de una jurisdicción a otra, es contrario al principio mismo y podría desvirtuar no solo en el aumento de la competencia de estos tribunales, sino generar una sobrecarga de trabajo en dichos tribunales sin los elementos materiales para absorber esta nueva competencia y las que se pretenden implementar.

El proyecto no ha considerado una serie de factores que se derivan del informe de la Excelentísima Corte Suprema, pues la ampliación de competencias para la justicia de policía local termina siendo más amplia que la pretendida en el proyecto, con una exclusión de la justicia local de la Región Metropolitana, sin indicar las razones para ello, rompiendo, en nuestro concepto, la unidad de jurisdicción, en esta ocasión, en razón de la materia y sin considerar factores humanos, tecnológicos y de infraestructura, tanto o más trascendentes que un aumento de competencias, aumento que no garantiza, po

En la actualidad, el extenso catálogo de materias, que actualmente conocen los juzgados de policía local, son temas contravencionales que llevan aparejadas las sanciones que cada tipo infraccional contempla, especialmente, multas, clausuras, comisos, etc. lo que, en dichas materias, la inclusión de procesos alternativos de resolución de conflictos resultaría incompatible con la naturaleza sancionatoria del procedimiento contravencional de la Ley Nro. 18.287, que valga recordar, ha sido el cauce natural desde la dictación de la Ley Nro. 6.827, e incluso antes.

Creemos que se debe transitar en una discusión entre el contenido del concepto y la creación de un sistema procesal adecuado, eficiente y eficaz que se haga cargo no sólo de ello, sino de un marco de tutelar pertinente, ya sea que se considere como un todo o como parte de un todo más general, cuestión que hasta el momento aún no tiene respuesta, así como: ¿El concepto de justicia vecinal abarca las pequeñas causas? ¿La denominación de Justicia Vecinal, es un concepto, una denominación o un sistema especial? ¿Por qué se optó por la denominación de juzgados en lugar de tribunales?

Más allá de aquella consideración, de índole constitucional, el debate posterior se debe reconducir a discutir la existencia de un Código de Contravenciones o de Justicia Local y/o Vecinal, que permita incluir variadas alternativas de resolución de conflictos, un marco de competencias y, evidentemente, un sistema de principios sobre los cuales se desarrollen los aspectos funcionales de solución de controversias.

Pareciera ser que nos encontramos frente a una mezcla, no solo de sistemas jurisdiccionales y de resoluciones alternas de conflictos, sino de conceptos e instituciones que pretenden abarcar un ámbito no desarrollado en nuestro sistema procesal y al cual tampoco la doctrina ni la jurisprudencia ha dado un marco de referencia, menos aún el sistema normativo.

El objeto de este comentario, es referirme a las modificaciones introducidas por la citada ley al procedimiento de policía local, destacando el esfuerzo del legislador por actualizar la normativa, conforme a las modernas técnicas procesales y el uso de Tecnologías de las Información y Comunicación (en adelante Tics), pero desconociendo las realidades y asimetrías de la justicia local, sin perjuicio de ello, destaco lo positivo de las modificaciones permanentes y transitorias que se introducen, con miras a modernizar el procedimiento y hacer más eficiente el acceso a la justicia local.

Este concepto propone un cambio en las formas de gobierno, coherentes con gobiernos horizontales y participación de actores sociales en los procesos de decisiones de políticas públicas. Sin embargo, se debe tener presente que, esta nueva forma de gobierno, se relaciona con aspectos más gerenciales, por lo que, la ciudadanía se transforma en un elemento clave al momento de tomar decisiones, orientados a innovar constantemente en los enfoques que debe dársele a las políticas públicas.

La Justicia de proximidad, se ha presentado con distintas variantes en el contexto europeo, así, por ejemplo, en Gran Bretaña ha tenido un desarrollo en una justicia no profesional, con competencia en materias civiles y penales, asistidos por un consejero judicial legalmente calificado, pero siendo los propios magistrados legos los que, en definitiva, dictan sentencia.

Encontramos diversas manifestaciones, que van desde la tradicional justicia de paz, el reconocimiento de justicia de pequeñas causas, modelos con adscripción a sistemas judiciales formales otros informales, hasta la inserción de justicia vecinal, justicia barrial, multipuertas, etc.

La modificación directa que plantea el proyecto es de régimen permanente, que faculta a las partes para solicitar comparecer por vía remota mediante videoconferencia.