Andrés Lucero

No todas las leyes nacen de una acción preventiva. Algunas surgen cuando el daño ya ocurrió y la respuesta institucional llega tarde. Ese es el trasfondo de la Ley N.º 21.643, conocida como «Ley Karin», publicada el 15 de enero de 2024 y vigente desde el 1 de agosto del mismo año. La norma modificó el Código del Trabajo y otros cuerpos legales para fortalecer la prevención, investigación y sanción del acoso laboral, el acoso sexual y la violencia en el trabajo.

La gestión de los riesgos psicosociales en Chile continúa siendo una deuda pendiente, tanto en el plano jurídico como en el de la salud ocupacional. La ausencia de políticas preventivas eficaces expone a las y los trabajadores al desarrollo de enfermedades profesionales de salud mental con efectos permanentes en su bienestar, y al mismo tiempo deja a las organizaciones frente a crecientes demandas laborales que incluyen indemnizaciones por daño moral. En este escenario, la evidencia clínica, la normativa reciente y la jurisprudencia coinciden en destacar la urgencia de abordar estos riesgos de

El suicidio relacionado con el trabajo permanece como una problemática invisibilizada en Chile, a pesar de los avances en la prevención de riesgos psicosociales. Las condiciones laborales que deterioran la salud mental, como el acoso o el estrés crónico, no son reconocidas como factores desencadenantes en los marcos normativos actuales, perpetuando un silencio que agrava sus consecuencias.

El suicidio laboral, como consecuencia extrema de riesgos psicosociales mal gestionados, evidencia una grave omisión en la normativa chilena. A pesar de los avances en prevención del acoso, la legislación aún no reconoce este fenómeno como un riesgo ocupacional, lo que contradice el deber constitucional de proteger la vida y la integridad psíquica de los trabajadores.

El reconocimiento del suicidio relacionado con el trabajo como accidente laboral es una deuda pendiente del sistema chileno de protección social. Este trabajo propone una reforma a la Ley N° 16.744 que permita abordar de forma integral los riesgos psicosociales laborales, garantizando justicia, reparación y prevención en casos donde el entorno laboral contribuye al deterioro de la salud mental de los trabajadores.