Carolina Angulo

El fallo del Tribunal Constitucional no es una derrota menor para el Ejecutivo. Es una señal clara de que la seguridad escolar tiene límites constitucionales que ni la urgencia política ni el despliegue institucional pueden obviar.

La aprobación del proyecto de ley de Escuelas Protegidas no es un hito menor. Es la reconfiguración más amplia del marco normativo de seguridad escolar desde la Ley Aula Segura de 2018.

En esta materia, es clara la doble exigencia que se hace a los establecimientos educacionales, puesto que son llamados no solo a cumplir con las normas laborales y educacionales, sino que además a coordinar ambos estatutos tanto en prevención como en materia de investigación, acciones mínimas, plazos y recopilación de evidencia, entre otras, lo que es de la mayor relevancia en los casos en que el posible responsable de la agresión sea un estudiante, a fin de evitar un trabajo duplicado y garantizar la compatibilidad de las acciones con la normativa de protección de niños, niñas y adolescentes.

Dado que estudiantes y apoderados son ajenos a relación laboral, el procedimiento de investigación solo podrá concluir con la adopción de medidas correctivas dirigidas a prevenir la reiteración de la conducta reprochada, y a la prevención de vulneraciones posteriores de la víctima -docentes o asistentes de la educación-, y de todo el personal del establecimiento, sin que pueda tener lugar la sanción a los responsables, aspecto que solo podrá abordarse desde la normativa educacional, mediante la activación del protocolo correspondiente del Reglamento Interno .

La ley indica que el tiempo que estos trabajadores destinen a la atención de estas emergencias será considerado como trabajado para todos los efectos legales, es decir, en ningún caso el empleador del apoderado podrá calificar esta salida como intempestiva e injustificada para configurar la causal de abandono de trabajo establecida en la letra a) del número 4 del artículo 160, o como fundamento de una investigación sumaria o de un sumario administrativo, en su caso. En el mismo sentido, la salida tampoco podrá ser objeto de descuentos.

Las movilizaciones lograron poner al feminismo en el debate nacional de manera inédita en Chile, tanto en conversaciones cotidianas como en los medios de comunicación. En materia legislativa, entre mayo y junio del año 2018, se presentaron 3 proyectos para abordar la violencia y discriminación de género en la educación superior, las que se fusionarían posteriormente en un solo proyecto dando origen a la Ley 21.369 del año 2021, sobre acoso sexual, violencia y discriminación de género en la educación superior.