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Puede estar basada tanto en razones de desempeño como en el concepto de la confianza política.

Instruye además que en lo sucesivo adopte todas las medidas de resguardo, seguridad y vigilancia de los edificios públicos y privados, frente a todo acto de carácter vandálico que amenace o afecte la integridad de dichos inmuebles.

La defensa del acusado interpuso recurso de nulidad en contra del fallo del tribunal en razón de que, por haberse efectuado por videoconferencia, estimó vulnerado el principio de inmediación por no apreciarse directamente la rendición de prueba.

Los límites también serían aplicables para la eventual elección de los miembros de la Convención Constitucional o Convención Mixta Constitucional.

Tras una serie de incumplimientos a sus resoluciones de calificación ambiental, como a infracciones a la norma vigente de descargas de residuos líquidos industriales a aguas marinas y continentales superficiales, la autoridad ambiental formuló 11 cargos, cuatro de ellos clasificados como graves y el resto como leves.

El Tribunal de alzada acogió la excepción de finiquito presentada por la demandada.

El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario e ilegal de la entidad bancaria al no restituir los fondos defraudados.

El ente contralor adujo esto, sin perjuicio de que en el futuro la aludida repartición decida estipular en los contratos a honorarios que celebre, la obligación de reintegro en el caso que se configure la situación por la que se consulta.

La Magistratura constitucional colombina estimó que medidas están suficientemente sustentadas y motivadas por cuanto tienen una repercusión directa en la capacidad económica de los hogares, lo cual puede impactar en dificultades para pagar los servicios públicos de energía y gas domiciliario.

En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.

Se reactivó la tramitación de las mociones tras el caso del Capitán en retiro Rafael Harvey.

Se anula la sentencia mediante la que el Tribunal General estimó un recurso interpuesto contra dicha Decisión.

A un cliente de Mutua le llegó vía correo electrónico publicidad de sus seguros, por parte de una campaña de marketing externalizada, a pesar de que había pedido de forma expresa y reiterada que no se le mandasen correos publicitarios.

El Tribunal ordenó a la SMA retomar el proceso administrativo sancionatorio y SQM debe hacerse cargo adecuadamente de los efectos negativos provocados por las infracciones cometidas.

La Municipalidad señala que participó en el proceso de evaluación ambiental, lo que la faculta para presentar una reclamación administrativa y posteriormente una judicial.

Los reclamos fueron interpuestos por la concejala de San José de Maipo Maite Birke, la Coordinadora Ciudadana No Alto Maipo; y un grupo de integrantes de la Red Metropolitana No Alto Maipo en conjunto con una vecina de dicha comuna, luego de que la SMA aprobara el programa de cumplimento elaborado por la empresa y suspendiera el procedimiento administrativo sancionatorio llevado en su contra por diversos incumplimientos a la RCA que aprobó el proyecto.

Se adoptó acuerdo en la causa, quedando en estado de sentencia, designándose como redactora del fallo a la Presidenta, Ministra Brahm.

Lo informado tiene como fin dar cumplimiento a las reglas constitucionales y legales pertinente, especialmente lo dispuesto en el artículo 78 de la LOC de Municipalidades.

Se le atribuye responsabilidad sin que se consten en el expediente actos específicos del candidato o de sus brigadistas y voluntarios.

El reglamento impulsará la inversión del sector privado en proyectos ecológicos y sostenibles.