Diego Palomo

Pero cabe preguntarse ¿Quién es responsable de esta crisis?: ¿El Poder Judicial? ¿El Poder Legislativo? ¿El Ejecutivo? ¿El Ministerio Público? ¿Las Policías? ¿Estamos realmente en una crisis desenfrenada o la prensa ha inflado un fenómeno por vender un poco más o por rating? ¿Quiénes y cómo deben ser los protagonistas de este combate? ¿Quién le debe poner el "cascabel al gato"?

El supuesto duelo entre el restablecimiento del derecho y la protección del ofendido lo gana siempre la tutela del agraviado. En nuestro sistema no resulta correcto intentar plantear una vertiente objetiva independiente del recurso de protección. Lo impide tanto su especial naturaleza y finalidad como el deficiente diseño del tribunal de protección que, según diremos, dificulta y derechamente atenta contra la uniformidad jurisprudencial.

La persona afectada con la información que tiene el efectivo potencial de hacerse masiva con la red de publicación, en buena medida carece de defensa y de acciones efectivas para poner fin inmediato a la vulneración de sus derechos fundamentales en medios informáticos. Así es como las Cortes, en su rol tutelar de derechos fundamentales, deben ser especialmente celosas en custodiar que estas plataformas no se transformen en una impune tribuna para concretar daños quizá irreparables a la honra de las personas.

Una de las características más engañosas del populismo es su apuesta por el efecto taumatúrgico de la ley. Promete soluciones rápidas y contundentes, pero evita abordar los desafíos reales en cuanto a recursos humanos y materiales que enfrenta el sistema de justicia. La reforma a la Justicia civil no puede ser abordada de manera ilusoria, esperando que una simple ley sea suficiente para resolver los problemas estructurales. Es necesario destinar los recursos adecuados y proporcionar el apoyo necesario para afrontar este desafío de manera efectiva.

Cabe hacer presente que la aceptación de condiciones por el imputado no constituye de manera alguna una aceptación de responsabilidad penal, sino que la materia del juicio – que solo puede terminarse por sentencia definitiva – no se discute finalmente, dando por solucionado el caso sin pronunciamiento final. Es del caso señalar que el artículo 237 inciso final prescribe expresamente “La suspensión condicional del procedimiento no impedirá de modo alguno el derecho a perseguir por la vía civil las responsabilidades pecuniarias derivadas del mismo hecho.”