Edgardo Riveros

En este proceso que lleva al Estado a vincularse a un tratado internacional debe resguardarse el principio de supremacía constitucional, además de observar si existe alguna eventual colisión con otras normas de derecho interno, que deban ser ponderadas en resguardo del interés nacional, lo que puede llevar a concluir que se estime no conveniente vincularse a un determinado tratado. La aplicación de estos procedimientos ha tenido lugar en nuestro país.

Al analizar la relación entre las normas del derecho internacional de los derechos humanos y las constitucionales, y luego de hacer mención del artículo 5°, inciso segundo del actual texto constitucional, la Corte concluye que los tratados sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentran vigentes tienen rango supraconstitucional.

Señala tres instrumentos jurídicos de mucha importancia de dicho derecho: la Declaración de Cartagena sobre Refugiados, de 1984, la Declaración de San José sobre Refugiados y Personas desplazadas, de 1994 y la Resolución 2/18 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre Migración forzada de personas venezolanas.

La recurrente estimó vulnerada su garantía constitucional del artículo 19 numeral 2.

Desgraciadamente, el Gobierno ha agregado a nuestro país a la lista de quienes se restan del esfuerzo que está haciendo Naciones Unidas ante la realidad migratoria, sumándose a aquellos que han sostenido la posición más rígida y combativa en la materia.