Eduardo Villagrán Figueroa

El Ejecutivo respondió a los reclamos del CRUCH y de treinta sociedades científicas por los cambios a las bases del Fondecyt de Postdoctorado 2027, pero sin modificar la política cuestionada ni abordar su fundamento legal. Mientras la comunidad académica presiona, el Congreso —llamado a fiscalizar y legislar— ha permanecido al margen del debate.

El violento cruce entre las senadoras Fabiola Campillai y Camila Flores en los pasillos del Senado, ocurrido el 5 de agosto de 2026, expone un problema que trasciende a sus protagonistas: la sustitución del debate parlamentario por un espectáculo mediático orientado a la viralización. Esta columna analiza el episodio, su trasfondo y sus consecuencias institucionales como síntoma de una tendencia más amplia en la política chilena contemporánea.

El debate sobre Becas Chile suele confundir dos discusiones independientes: a quién se le entregó el beneficio y cómo se le cobra a quien no cumplió. Este artículo pretender demostrar que el programa fue diseñado, desde sus propias bases concursales, como un instrumento de excelencia académica y no de compensación social, analizando por separado dos falencias distintas en el proceso de cobro: la inversión de la carga de la prueba en los casos individuales y la falta de transparencia metodológica en las cifras agregadas de incumplimiento que el Estado ha difundido.

El presente artículo analiza los fallos de la Corte de Apelaciones de Arica y de la Corte Suprema que rechazaron un recurso de protección deducido por dos ex funcionarias a contrata del Ministerio de Bienes Nacionales, en el que se discutió la aplicación del principio de confianza legítima frente a la decisión de no renovar sus contratas por existir una investigación penal y un sumario administrativo en curso. Se examina, en particular, la tensión entre dicho principio, la probidad administrativa y la presunción de inocencia, a la luz de los antecedentes procesales del caso.