Cuando escuchar no es lo mismo que responder: las decisiones del Ejecutivo y el silencio del Congreso frente a los cambios a las bases del Concurso de Proyectos Fondecyt de Postdoctorado 2027

Hace más de cuarenta años que Fondecyt es, para la ciencia chilena, lo más parecido a una política de Estado: un instrumento que ha sobrevivido a gobiernos de todos los colores porque se sostiene en un pacto simple —se financia lo mejor, evaluado por quienes saben evaluarlo, sin importar de qué universidad, región o disciplina venga. Ese pacto es lo que las Bases del Concurso Fondecyt de Postdoctorado 2027 pusieron en cuestión, y lo que las decisiones del Ejecutivo han dejado intacto —mientras el Congreso ha permanecido al margen.

Un diálogo que no dialogó.

El 2 de agosto, el Consejo de Rectores (CRUCH) envió una carta firmada por su Vicepresidente Ejecutivo, Osvaldo Corrales, pidiendo «respetuosamente» reconsiderar dos cambios en las bases: el mecanismo que permite destinar hasta un 70% de las adjudicaciones a proyectos enmarcados en «áreas prioritarias» definidas por el Ejecutivo, y el requisito de residencia definitiva para investigadores extranjeros. El CRUCH no cuestionó que el Estado defina prioridades; cuestionó que se usara este instrumento —diseñado para financiar excelencia por mérito— para hacerlo.

Cuatro días después, la Ministra de Ciencia, Ximena Lincolao respondió a través de una carta cordial, con cifras —que las modificaciones sólo tocan el 12% de los fondos de Fondecyt, que en minería se financiaron apenas 23 proyectos en diez años y en tecnologías espaciales sólo uno. Datos probablemente ciertos, pero una respuesta con cifras no es lo mismo que una respuesta a la pregunta formulada. El CRUCH no discutía si existen brechas en minería o espacio; discutía si el Fondecyt de Postdoctorado —pensado para formar el primer liderazgo científico de investigadores recién doctorados— es el instrumento correcto para cerrarlas. Esa pregunta quedó sin respuesta.

El diálogo que sí hubo, y a quién no convenció.

La propia respuesta ministerial destaca que en la semana entre ambas cartas hubo conversaciones «con las comunidades académicas, parlamentarios, autoridades regionales, rectores y vicerrectores de Investigación», esto es, con posterioridad al 31 de julio, fecha en que las bases modificadas fueron publicadas. Por ende, ese proceso de escucha no modificó ni una coma de las bases cuestionadas. El 11 de agosto, cinco días después, cerca de treinta sociedades científicas —desde matemática y astronomía hasta arqueología y musicología— salieron a decir que ese diálogo fue insuficiente. Cuando treinta sociedades tan distintas coinciden en cuestionar la misma decisión, difícilmente es un problema de comunicación: la política no cambió, y la comunidad científica lo notó.

Una asimetría que se minimiza.

El argumento de que «sólo» se ve afectado el 12% de los fondos de Fondecyt suena tranquilizador hasta que se recuerda qué es ese 12%: la puerta de entrada, el concurso al que postulan quienes recién obtuvieron su doctorado. Condicionar hasta un 70% de esas adjudicaciones a diez áreas definidas centralmente no es un ajuste marginal: es intervenir el punto donde se decide qué disciplinas tendrán investigadores con financiamiento, redes y continuidad en la próxima generación. Un recorte «pequeño» en la puerta de entrada tiene efectos que no son pequeños diez años después.

Las sociedades científicas lo plantearon con dureza: no se trata sólo de qué disciplinas quedan excluidas hoy, sino de si conviene sentar el precedente de que la investigación básica se use como palanca de política industrial. Un debate legítimo y necesario —pero que, denuncian, no se ha dado con la transparencia que reclaman, sino que se les presentó como un hecho consumado al que sólo cabía «reconsiderar».

El argumento de la residencia, sin respuesta clara.

Sobre el segundo punto —la exigencia de residencia definitiva a investigadores extranjeros— la respuesta del Ejecutivo guarda casi total silencio: la carta de la Ministra Lincolao se centra en las áreas prioritarias y no aborda la capacidad de las universidades chilenas para atraer talento internacional. Las sociedades científicas fueron más allá: si el problema son los plazos para tramitar visas, la solución es agilizar esos trámites, no cerrar la puerta a quien aún no las tiene. La falta de respuesta deja la sensación de que la medida responde a un criterio administrativo antes que a una decisión pensada desde las necesidades del sistema.

No se trata de ilegalidad, sino de falta de fundamentación.

Esto no significa que las bases del Concurso 2027 sean ilegales —el decreto entrega márgenes de desarrollo reglamentario y el 70% no vulnera abiertamente su letra—, pero sí deja en evidencia que el Ejecutivo está tensionando el espíritu de una norma que, hace más de cuarenta años, decidió que el mérito científico —y no la prioridad sectorial— fuera el criterio rector de este fondo. Que la respuesta ministerial no mencione ese fundamento normativo sugiere que el debate de fondo ni siquiera ha sido puesto sobre la mesa.

El otro silencio: el del Congreso.

Llama la atención el silencio prolongado del Poder Legislativo. Fondecyt nació de un decreto con fuerza de ley y opera bajo la Ley N°21.105, que creó el Ministerio de Ciencia; su diseño incide en el uso de fondos públicos y en el marco legal que el propio Congreso aprobó. Sin embargo, más allá de la mención genérica a conversaciones con «parlamentarios», no hay registro público de que alguna Comisión de Ciencia, Educación o Hacienda haya citado a la Ministra, solicitado un informe formal o fijado postura sobre un cambio que afecta el financiamiento de la investigación científica en el país.

Esa ausencia contrasta con la intensidad de la reacción académica. El Congreso, con facultad tanto para fiscalizar como para legislar, no ha hecho ninguna de las dos cosas de manera visible. Tal pasividad no es menor: cuando el control político del Legislativo no acompaña el control social de gremios y sociedades científicas, las decisiones del Ejecutivo terminan resolviéndose en el terreno de las cartas, sin el contrapeso institucional que el sistema democrático prevé.

Una resolución exenta y un silencio adicional.

Hay un dato adicional que agrava el cuadro: las bases fueron aprobadas mediante la Resolución Exenta N°6318/2026 de ANID, firmada por su Directora Nacional, Alejandra Pizarro Guerrero, quien hasta ahora no se ha pronunciado sobre la controversia — la que ha respondido es la Ministra Lincolao, no la autoridad que suscribió el acto cuestionado. A eso se suma que es una resolución exenta, por lo que las bases modificadas no pasaron por la toma de razón de la Contraloría. Bien podría, entonces, el ente fiscalizador pronunciarse sobre si estas modificaciones caben dentro de la discrecionalidad administrativa o configuran una arbitrariedad. En ese sentido, sería razonable que el propio CRUCH solicitara tal pronunciamiento: un dictamen de la Contraloría zanjaría, con criterio jurídico y no solo político, una disputa resuelta hasta ahora sólo mediante cartas.

Lo que está en juego.

Nada de esto significa que definir prioridades estratégicas sea ilegítimo: el propio CRUCH lo reconoce y es razonable que Chile quiera más capacidades en minería, litio o tecnología espacial. La pregunta sin respuesta es otra: ¿por qué usar el instrumento que construyó su legitimidad en no discriminar entre disciplinas, existiendo otros fondos diseñados para innovación?

Cuando treinta sociedades científicas, el CRUCH y cientos de investigadores coinciden en una misma objeción, mientras el Ejecutivo repite cifras sin tocar el fondo del reclamo y el Congreso observa sin intervenir, no es un simple desacuerdo técnico: es un diálogo sin cambios y un control institucional inactivo. En ciencia, como en política pública, la diferencia entre escuchar y ceder —y entre fiscalizar y guardar silencio— termina siempre por notarse.

Eduardo Villagrán Figueroa

Abogado de la Universidad de Concepción

Magíster en Derecho Público de la Universidad Alberto Hurtado

Magíster en Derecho Penal de la Universidad del Desarrollo