Gonzalo Aguilar Cavallo

El artículo examina las implicancias jurídicas de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Vega González y otros vs. Chile y su cumplimiento por parte de la Corte Suprema de Chile, abordando la tensión entre los estándares internacionales aplicables a los crímenes de lesa humanidad y las normas de protección de los derechos de las personas mayores privadas de libertad, así como el deber de escrutinio estricto que el derecho internacional de los derechos humanos impone a los tribunales en este tipo de casos.

El autor examina la discriminación sistémica y su interacción con la discriminación interseccional a través de un caso concreto en Chile. A través del análisis de la tutela de los derechos fundamentales de una trabajadora en situación de lactancia materna, el autor destaca cómo las políticas organizacionales y la cultura laboral pueden normalizar y perpetuar la discriminación, especialmente cuando se intersectan factores como el género y la maternidad. El texto profundiza en la importancia de reconocer y abordar la discriminación sistémica como un fenómeno estructural dentro de las institucion

Entre las medidas de reparación más relevantes ordenadas por la Corte IDH se encuentra “continuar implementando planes de capacitación con el fin de erradicar el uso discriminatorio del Derecho Penal con base en el origen étnico de las personas, los que deberán ser permanentes y dirigirse a los funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público o Fiscalía".

Esta materia es sumamente relevante, en el momento actual para Chile, ya que debería ser tomada en consideración en el proceso de discusión constituyente al momento de evaluar los contenidos de la Nueva Constitución.

La existencia de una normativa local que prohíbe el trabajo de las hortaliceras mapuches en la ciudad de Temuco como justificación de este actuar, nos parece reñido con normas de derechos humanos, de carácter constitucional y que gozan de primacía.

Los recurrentes estimaron vulneradas sus garantías constitucionales del artículo 19 numerales 2, 10 y 24.

La recurrente estimó vulnerada su garantía constitucional del artículo 19 numeral 24.

Es indiferente que se haya abocado al cuidado de los hijos o a las labores del hogar común por decisión personal o porque las circunstancias del matrimonio se lo requirieron.

Coincidimos en la afirmación de que la "pandemia nos muestra la inequidad y fragilidad de nuestro sistema como garante de derechos básicos. El hecho de que miles de habitantes se encuentren en una situación de acceso hídrico precarizado es otra variante de la injusticia ambiental que ha producido el modelo de desarrollo en Chile".

Se trata de una sanción de privación de libertad de por vida, en que no podrá concederse la libertad condicional sino una vez transcurridos cuarenta años de privación de libertad efectiva. También, excluye toda posibilidad de reinserción social.