Ignacio Andrés Araya Pinto

Una crítica al modelo de cobro impulsado por la Tesorería General de la República respecto de las deudas del Crédito con Aval del Estado plantea que la utilización de mecanismos administrativos para ejecutar obligaciones de origen civil amenaza garantías fundamentales como el debido proceso, el derecho de defensa y la protección de la propiedad, profundizando además la deslegitimación institucional frente a miles de familias afectadas.

Críticas surgen por la exclusión del escenario electrónico en el REC 2026, cuestionando una eventual decisión arbitraria en un evento financiado con recursos públicos.

El litigio radicado en los tribunales de Viña del Mar por un premio de $3.816 millones no pagado por el Casino Enjoy es mucho más que una millonaria disputa contractual; es un test de estrés para nuestra arquitectura jurídica. Bajo el pretexto de un "error de sistema", nos enfrentamos a una tesis que pretende subordinar la fuerza obligatoria del contrato a la opacidad de un código fuente. Si el azar solo es válido cuando favorece al deudor, estamos ante el fin del contrato aleatorio y el nacimiento de una peligrosa inmunidad tecnológica.