Juan Jorge Faundes

Especialista destaca que el Convenio 169 de la OIT ha impulsado avances institucionales en derechos de los pueblos indígenas y sostiene que su eventual retiro no resolvería las tensiones existentes ni evitaría las obligaciones internacionales de Chile.

La positiva evaluación del proceso de inoculación, resultan de atención las posturas en contra de la vacunación que, de no revertirse, podrían generar un nuevo problema de salud pública a corto plazo. Esto nos enfrenta a las razones que sostienen las posturas de vacunación obligatoria versus vacunación voluntaria, en las que libertades de locomoción, reunión y el derecho de propiedad, entre otros, están implicados. La investigación acelerada que ha estado detrás de las vacunas en algunas personas ha devenido en incertidumbres y desconfianzas, que nos acercan a temas de ética en la investigació

Me atrevo a postular que, en cuanto al fondo, el impacto y los altos estándares en materia de derechos humanos, son comunes entre la propuesta de la Comisión y la indicación única de los convencionales indígenas.

El argumento que alude a la “fe popular”, si no falaz, no tiene sustento suficiente para imponerse al derecho de los Pueblos Indígenas a la participación política en el proceso constituyente y, en especial, al deber democrático que concierne a toda la sociedad chilena de inclusión en general –de género, independientes y Pueblos Indígenas− que el llamado “Acuerdo por la Paz” marginó en noviembre de 2020.

El proceso constituyente es la oportunidad de definir, en una representación significativa y con participación activa de los pueblos indígenas, los aspectos centrales de las demandas territoriales pendientes y procurar construir un camino que avance en el marco de nuevas relaciones del Estado con los pueblos indígenas.

Es necesario entender que el respeto de los derechos de los pueblos indígenas, en particular el derecho a la identidad cultural, y como ha dicho la Corte IDH, constituye un presupuesto de nuestros sistemas democráticos, más allá de la resolución sobre su vigencia en un caso en particular, porque su alcance colectivo incide en la propia convivencia y estabilidad democrática.