Marcelo Carrasco Sepúlveda

Un reciente fallo de la Corte Suprema (Rol N° 249.389-2023) ordenó a Gendarmería de Chile aplicar, “en lo que fuera pertinente”, el reglamento de Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM) al Pabellón Asistir del CCP Colina 1, donde cumplen condena internos de tercera y cuarta edad, muchos de ellos por delitos de lesa humanidad. El análisis cuestiona la compatibilidad técnica, jurídica y presupuestaria de esa orden con la naturaleza del régimen penitenciario, advirtiendo riesgos de privilegios indebidos, tensiones con el principio de igualdad y la imposibilidad material de

La divergencia entre la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones de Santiago respecto a la interpretación del Decreto Ley N° 321 sobre libertad condicional ha generado un debate jurídico de alto impacto. Mientras el máximo tribunal sostiene que deben aplicarse las normas vigentes al momento del delito, la corte de alzada y Gendarmería de Chile aplican las reformas posteriores, tensionando los principios de irretroactividad penal y el control constitucional en materia de ejecución de penas.

A continuación analizaremos un segundo fenómeno, que dice relación con la obligación que han impuesto ciertos tribunales, para contar con ambulancias y personal médico de planta (no contemplado en la planta de Gendarmería), dentro de establecimientos donde cumplen condena o prisión preventiva grupos que podrían ser calificados como “vulnerables” debido a su condición etaria.

Análisis doctrinario, dogmático y jurisprudencial, de la improcedencia de obligar a Gendarmería a cumplir funciones de provisión directa del Derecho a la Salud, vulnerando la garantía de Igualdad Ante la Ley, y en desmedro de la función penitenciaria.