Matías Rodríguez

El protocolo de prevención es una de las grandes innovaciones de la Ley Karin, dado que obliga a los servicios públicos a evaluar los riesgos de estos ilícitos en sus unidades y a elaborar una normativa interna para mitigar y eliminarlos. El artículo 14, exige que los trabajadores sean capacitados en conductas preventivas, y el protocolo debe definir a los responsables que gestionen este modelo de prevención y corrijan sus disposiciones a las condiciones cambiantes de riesgo.

A través de esta columna quisiéramos explorar las causas de un fenómeno que hemos detectado en parte de la jurisprudencia de tutela laboral de derechos constitucionales, en acciones iniciadas por funcionarios públicos en el contexto de sumarios administrativos. Se trata de fallos que las rechazan, argumentando que las decisiones de la potestad disciplinaria estatal son actos administrativos que gozan de presunción de validez, lo que impediría a los Tribunales del Trabajo revisar su constitucionalidad mediante la tutela laboral, para cuyos efectos serían suficientes los medios de impugnación ad