La presunción de validez de las sanciones de sumarios administrativos en la tutela laboral.

Principios de la función pública.

Necesitamos al efecto comprender, previamente, el origen de los regímenes estatutarios, que se remonta a la Francia del siglo XIX en los albores del Estado de Derecho. Tuvieron por objeto crear un cuerpo de funcionarios similar a un regimiento militar, sujetos a una jerarquía que permitiera la trasmisión y ejecución de las órdenes superiores hasta las últimas unidades de la cadena de mando con la rapidez del fluido eléctrico.[1] Con el fin de evitar la captura política del aparato funcionario por intereses políticos, los estatutos generaron estabilidad en el empleo y el derecho a una carrera de perfeccionamiento continua, con ascenso sobre la base del mérito.[2] Esto garantizaría que los asuntos generales fueran gestionados por burócratas profesionales.[3]

En nuestro ordenamiento jurídico, la específica regulación del empleo en el Estado fluye de lo dispuesto en el art. 38 inciso I de la CPR que opta por el sistema de carrera funcionaria como régimen laboral de las relaciones personales en la administración, estableciendo los principios que la inspiran, su carácter técnico y profesional, y la capacitación y perfeccionamiento permanente*.* Por su parte, el artículo 7 de la Ley N° 18.575, el artículo 11 y el artículo 62 de la Ley N° 18.834, o DFL 29/2004, consagran el principio de jerarquía, disciplina y obediencia, a los que deben sujetarse los funcionarios públicos en el cumplimiento de sus funciones.[4] La doctrina ha interpretado que el principio jerárquico y el deber de velar por el interés general, emanan del poder de mando, supervigilancia y disciplina de los órganos del Estado sobre sus trabajadores.[5][6] Este vínculo de jerarquía tiene su origen en la visión militarizada de la configuración de la administración del Estado*.*[7]