Pablo de Lapeyra Rojas

La eventual acusación constitucional contra el ministro Fernando Rabat plantea la necesidad de distinguir entre los cuestionamientos políticos a su gestión y la configuración efectiva de alguna de las causales establecidas en el artículo 52 de la Constitución. El autor advierte que este mecanismo excepcional de control debe sustentarse en fundamentos jurídicos sólidos y no convertirse en una prolongación de la disputa política.

El anuncio presidencial plantea consagrar expresamente la seguridad como deber del Estado y crear un régimen excepcional focalizado territorialmente, bajo conducción de Carabineros y con apoyo de las Fuerzas Armadas. A falta de conocerse el texto de la iniciativa, surgen interrogantes sobre sus supuestos habilitantes, los derechos que podrían restringirse, su duración y los controles políticos y judiciales necesarios para evitar que la excepcionalidad se transforme en una herramienta ordinaria de seguridad pública.