Acusación constitucional contra el ministro de Justicia: Los límites entre la responsabilidad política y la infracción constitucional

La decisión de la oposición de impulsar una acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, abre un debate relevante sobre el fundamento jurídico que debe sustentar este tipo de acciones.

El artículo 52 N.º 2, letra b), de la Constitución establece las causales por las cuales puede acusarse constitucionalmente a un ministro de Estado: comprometer gravemente el honor o la seguridad de la Nación; infringir la Constitución o las leyes, o dejarlas sin ejecución; y cometer los delitos de traición, concusión, malversación de fondos públicos o soborno. El desafío consiste, por tanto, en determinar si los hechos imputados se encuadran efectivamente en alguna de estas hipótesis.

Si bien el componente político es inherente a este procedimiento, no debe desplazar el análisis jurídico. Los casos de los exministros Nicolás Grau y Diego Pardow, cuyas acusaciones fueron rechazadas por el Senado; de Maya Fernández, cuya acusación fue rechazada por la Cámara; de Carolina Tohá, cuyo libelo no superó el examen de admisibilidad; y de Carlos Montes, respecto de quien se acogió la cuestión previa, muestran distintos desenlaces parlamentarios. Sin embargo, estos resultados no permiten concluir, por sí solos, que los respectivos libelos carecieran de fundamento jurídico.

La cuestión de fondo es otra: la responsabilidad política no equivale necesariamente a responsabilidad constitucional. Una gestión puede ser objeto de críticas legítimas sin que ello implique, por sí mismo, la configuración de una causal de acusación.

Por ello, el desafío de la eventual acusación contra el ministro Rabat no será únicamente formular reproches políticos a su actuación, sino demostrar que los hechos imputados configuran alguna de las causales previstas por la Constitución. El Congreso debe ejercer esta atribución con rigor jurídico y responsabilidad institucional, evitando que una herramienta excepcional de control constitucional se convierta en una extensión de la disputa política contingente.

Pablo de Lapeyra

Abogado