Patricio Cartagena

Esta opinión recoge y desarrolla los planteamientos centrales expuestos en el III Congreso Iberoamericano PREVETEK 2026.

La opinión analiza los recientes episodios que han involucrado a Codelco, desde la sobreestimación de cifras de producción hasta la controversia con la Contraloría General de la República por el alcance de sus facultades sobre actos societarios, y sostiene que ambos casos revelan un problema institucional más profundo. El texto plantea que el modelo de fiscalización de las empresas mineras estatales, diseñado hace casi cinco décadas en el Decreto Ley N°1.349, debe ser revisado para distinguir adecuadamente entre el rol del Estado como propietario y su función de control, fortaleciendo la gober

La iniciativa, aprobada en general por la Comisión de Minería de la Cámara, elimina la escala progresiva de patentes introducida por la Ley N°21.420 y fija un techo de 0,4 UTM por hectárea. Sin embargo, mantiene un modelo híbrido que deja espacios de discrecionalidad administrativa en manos de SERNAGEOMIN, lo que podría afectar la certeza jurídica que requiere la inversión minera de largo plazo.

Bajo la Ley N° 21.595, la gestión contractual en minería deja de ser un problema operativo para convertirse en un riesgo penal, donde la informalidad, la falta de trazabilidad y las debilidades de control pueden comprometer directamente la responsabilidad de la empresa.

El análisis plantea que, más que aumentar el endeudamiento, el desafío pasa por modernizar el marco jurídico y avanzar en asociaciones público-privadas que permitan distribuir riesgos, atraer inversión y asegurar la viabilidad financiera de la estatal.

La implementación de la Ley N°21.591 sobre royalty minero inaugura un nuevo esquema de redistribución territorial de la renta del cobre, destinando recursos directos a regiones y municipios para fortalecer la inversión pública local, con el desafío de asegurar una gestión eficiente, transparente y orientada al desarrollo de los territorios.

La carta propone que los primeros 100 días de un nuevo gobierno se concentren en ingresar una agenda legislativa estructural para la pequeña y mediana minería, aprovechando un escenario favorable de precios del cobre y corrigiendo déficits normativos e institucionales que hoy limitan la captura de valor, la formalización y el desarrollo territorial del sector.

Frente a la urgencia climática y la creciente demanda de minerales estratégicos, la minería chilena debe transitar hacia un modelo sostenible basado en la minería verde, la economía circular y la valorización de pasivos a través de la minería secundaria, consolidando una nueva gobernanza ambiental, social y productiva.

El aumento de accidentes fatales en la minería chilena durante 2025 exige una transformación profunda en la cultura de seguridad, el compliance laboral y la responsabilidad corporativa. El nuevo marco normativo, liderado por el D.S. N°44 y la Ley 21.595, impone estándares más altos que obligan a prevenir, anticipar y liderar con integridad.

En el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, la entrada en vigor del Decreto Supremo N° 44 marca un hito normativo para la industria minera chilena, exigiendo una gestión preventiva moderna, con participación activa de los trabajadores y liderazgo organizacional comprometido con la protección efectiva de la vida y la salud laboral.

A pesar de que se han logrado algunos avances, aún falta. Desde la Cámara Minera de Chile hemos propuesto desde el inicio de nuestra actividad, la urgente necesidad de contar con un plan nacional de exploración minera; como también ofrecer incentivos a la etapa de exploración, que es lo más importante para generar nuevos proyectos mineros. Estamos perdiendo competitividad frente a países vecinos, en el peor momento, ya que es ahora cuando el mundo está aumentando la demanda de minerales, especialmente, para tecnologías que combaten los efectos del cambio climático.