Patricio Olivares

Además, entra en escena otra institución, denominada: “dejación de restos”, que consiste en la transferencia del objeto del seguro en favor del asegurador, en caso de pérdida total, conforme a la definición, aportada en el artículo 513 del Código de Comercio. En otros términos, lo que interesa saber es quien se quedará con el vehículo siniestrado: si el asegurado o si será traspasado a la aseguradora.

El giro que ha dado la nueva ley 21.398 -en aras de la profundización de la protección del consumidor- salta a la vista. Ahora bien, la bajada que deberá hacer la doctrina y la jurisprudencia nos podrá ayudar en tal sentido. El principio pro-consumidor, plasmado en la ley -ahora- adquiere mayor vigor, en cuanto a su ámbito de influencia. El destinatario de la norma, no podrá observarlo desde la lejanía, sino que deberá plasmar su espíritu en la materia, o sea, al caso concreto.

En muchas ocasiones el vehículo asegurado ha sido comprado con un crédito automotriz. En estos casos, la entidad crediticia, para objeto de asegurar el cumplimiento de la obligación, constituye una prenda sobre el vehículo. Surge la interrogante ¿A quién se paga la indemnización?

Podemos señalar que, desde marzo a la fecha, los juzgados de policía local dejaron de funcionar. Principalmente demandas relacionadas con accidentes de tránsito y con materias relativas a la ley del consumidor individual, han quedado a la deriva.

Corte de Valdivia señaló que no existe discriminación arbitraria hacia los recurrentes ya que conocían la forma de evaluación desde su incorporación a sus estudios universitarios.

El máximo Tribunal rechazó el recurso de casación en el fondo deducido por la empresa en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que confirmó la resolución del SII que denegó la devolución.

El Tribunal obliga a una ciudad a revisar la prohibición de una protesta de activistas prodemocracia.

El debate sobre su admisibilidad se centró en que esta materia es de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, quien tiene la potestad de legislar en materias de impuestos o administración financiera del Estado.

El Tribunal de alzada rechazó el recurso de nulidad deducido por la demandada Fábrica de Calzados Gino, en contra de la sentencia dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

Es común que, cuando se denuncian los siniestros por robo del vehículo, las Aseguradoras, o más bien, los Liquidadores de Seguros, propongan no pagar, invocando el hecho que, el asegurado no cumplió con la obligación del artículo 524 N°4, del Código de Comercio.

Hay que tener presente que, con la nueva ley, ya nada va a ser como antes. Por lo anterior, se debe integrar la normativa a la cultura propia de la empresa, como gestión esencial de la misma.

La conducta conocida públicamente, y sancionada, por el Juzgado de Policía Local de Las Condes, no se ajusta a la regulación de la Ordenanza, ya que habla de conductas sexuales, en circunstancias que lo que habría dicho la persona condenada al ofrecer sus productos, nada tiene que ver con manifestaciones de acoso sexual.

Si bien es cierto, que las leyes son interpretables y pueden existir variados enfoques en torno a la aplicación de una norma jurídica. ¿Podrá llegar a tal extremo que algunos tribunales se sientan con el derecho de decir que es a beneficio municipal y otros a beneficio fiscal?

En Chile, no hay un catálogo de delitos contra los derechos de los trabajadores. No hay una regulación organizada en un título que trate delitos cometidos en su contra.