A propósito de la probidad administrativa: “No haga nada bueno que se vea feo”.

La decisión adoptada por el Tribunal Constitucional el pasado día viernes 4 de abril realza la importancia de la Probidad en el ejercicio de la función pública. Ser servidor público constituye un gran honor, pero a la vez implica una gran responsabilidad. Como sabiamente señalaba don Valentín Letelier Madariaga “mientras más alto sea el cargo que se ostenta, mayor es la responsabilidad que nos amenaza” [1]. Marca un precedente histórico en materia de probidad administrativa y reafirma el carácter supremo de la Constitución.

Más allá del caso particular, la destitución de la senadora Isabel Allende nos recuerda que la probidad constituye una de las bases de la institucionalidad chilena a partir de la reforma constitucional de 2005, en virtud de la ley N° 20.050. Luego, no se trata solo del cumplimiento formal de la ley, sino de la preservación de los principios esenciales para la democracia como son entre otros, la transparencia, la probidad, la igualdad ante la ley, la publicidad, competencia y la separación de poderes.

En este caso no solo se ha vulnerado en artículo 60 de la Ley Suprema, sino también, como muy bien lo señala la Ex Presidenta del Tribunal Constitucional Marisol Peña Torres [2], el artículo 8. Precisamente este último busca evitar que se generen conflictos de intereses, que se dañe la fe pública, exigiendo a los funcionarios un actuar probo con preeminencia del interés general por sobre el particular. La sola apariencia de un conflicto de intereses afecta la confianza de las y los ciudadanos en sus instituciones y debilita gravemente la democracia [3]. Hay que tener presente que buena parte de la legitimidad de las instituciones democráticas descansa sobre la confianza que los ciudadanos depositamos en ellas.