Acusaciones constitucionales.

La justicia ambiental y urbanística se caracteriza por la constante asimetría entre las comunidades y las empresas en las disputas judiciales y administrativas. Esta asimetría se produce, por la dispar disponibilidad de recursos de todo tipo. Si a ello se le suma un patrón que devela que las excepciones se aplican siempre en favor de las inmobiliarias, mineras, eléctricas, etc, la justicia ambiental se desvanece.

Vemos con preocupación lo sucedido en las últimas semanas con el caso audios y su relación con la ministra Vivanco, prácticas impropias y reprochables que inciden en la imparcialidad de distintas causas, particularmente ambientales y urbanísticas.

Una revisión del caso Fundamenta, esclarece una serie de peculiaridades en su tramitación y resolución, que difícilmente son coincidencia, bajo el contexto de lo investigado por la comisión de ética de la Corte Suprema. En efecto, solo en este caso, y cuando la ministra Vivanco presidía la sala, se cambió la jurisprudencia ya asentada de algunos ministros respecto a la procedencia del recurso de casación ambiental, para posteriormente retomar su parecer original en casos venideros. Junto con lo anterior, una interpretación restrictiva del principio de participación ciudadana, entre otros elementos, hacen dudar de la igualdad en la aplicación del derecho.