Blindaje judicial: el controvertido fallo que protege al ministro Álvaro Mesa y agrava la crisis de confianza en la justicia chilena

El reciente fallo de la Corte de Apelaciones de Concepción, que declaró inadmisible la querella por prevaricación imprudente contra el ministro Álvaro Mesa, no es un hecho menor. Este episodio desnuda cómo funciona nuestro sistema judicial cuando se trata de blindar a uno de los suyos, y explica en parte por qué la ciudadanía ha perdido toda confianza en la justicia.

La cronología es reveladora. La Corte de Temuco se inhabilitó íntegramente, trasladando el caso a la Corte de Valdivia. Allí, primero se declaró admisible la querella presentada por la abogada Carla Fernández; sin embargo, en menos de 24 horas, la misma Corte cambió de criterio y la declaró inadmisible. Días más tarde, la defensa del ministro Mesa recurrió a la Corte de Concepción, presentando un recurso de amparo que se tramitó con rapidez inusitada y en carácter reservado. El resultado fue un fallo unánime —dictado por tres juezas, una de ellas suplente— que blindó definitivamente al magistrado.

La maniobra es evidente: el amparo está diseñado para casos urgentes de privación de libertad, cuando una persona está detenida ilegalmente o amenazada en su libertad personal. Aquí no había nada de eso: Mesa no estaba preso, ni formalizado, ni con medidas cautelares. La vía del amparo fue usada como un atajo para frenar la querella, en una jugada procesal que bordea el “forum shopping”, es decir, buscar el tribunal más conveniente para obtener un resultado favorable.